Sánchez obliga a los guardias civiles a bajarse del coche si pasan de 2.000 km al mes

"Restricción de kilómetros mensuales de vehículos de nueva adquisición a 2.000 kilómetros mensuales durante los dos primeros años contados a partir de su matriculación". La frase no es nueva. Ya ha surgido en épocas pasadas, en concreto, en 2017. Y ha vuelto a los correos electrónicos de las comandancias de la Guardia Civil, tal y como ha comprobado Libertad Digital.

El Gobierno de Sánchez ha decidido que los nuevos coches que ha entregado a la Benemérita tienen que durar y que, al menos durante los dos primeros años desde su estreno, no se pueden usar por más de 2.000 km al mes. A partir de ese momento, dos opciones: o se deja de patrullar o moverse, o los guardias se desplazan en las "carracas", denominación totalmente generalizada que se usa en el cuerpo para los viejos coches con más de 400.000 km totales.

El texto entero que ha llegado a los mandos especifica lo siguiente: "Se recuerda el correo de fecha 22-02-2017 […] dimanan de Estado Mayor Logística, en relación a la restricción de kilómetros mensuales de vehículos de nueva adquisición a 2.000 km mensuales durante los dos primeros años contados a partir de su matriculación".

"En aquella época se hizo un esfuerzo de ahorro, pero con el paso del tiempo, la práctica llevó a usar los vehículos de forma normal. Ahora ha vuelto la orden con recuerdo expreso de que esos coches tienen que usarse con esa limitación", señala una fuente de la Guardia Civil. Y es que ha llegado la época de los recortes. Y de los abusos laborales.

Un largo historial de abusos laborales

Hay que recordar que la principal asociación de Guardia Civil, JUCIL, recibió hace mes y medio una contestación oficial del Gobierno sobre el presente y futuro de las prestaciones por jubilación de 637.000 funcionarios inmersos en un régimen de pensiones denominado Clases Pasivas. Allí se encuentran guardias civiles, militares, policías y más funcionarios que, en estos momentos, se enfrentan al hecho de asumir que tendrán una pensión un 20% menor que otros empleados públicos. La respuesta del Gobierno fue tajante: se trata de "un régimen en extinción" y el Ejecutivo no piensa hacer nada para paliar su situación. Y ello mientras Pedro Sánchez alardea de evitar la pérdida de poder adquisitivo entre los pensionistas.

El origen de esta historia nace en el COVID, pero se ha materializado ahora. El Gobierno aprovechó el coronavirus para trasladar por decretazo y con absoluta opacidad ante los sindicatos de funcionarios la gestión de las pensiones de 637.000 funcionarios incluidos en lo que se denominan clases pasivas. Esas prestaciones por jubilación dejaron de ser pagadas por el Ministerio de Hacienda para entrar en el régimen general de la Seguridad Social. El cambio se vendió como neutro por parte del Gobierno, pero los sindicatos y asociaciones de los funcionarios no tardaron en alertar que escondía un recorte. Y así ha sido.

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"GDH Digital" - Diario Policial