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Una sentencia anula la decisión de excluir a varios aspirantes a Policía Nacional por considerar que no escribieron bien, entre otras cosas, las siglas “LGTBI” en la prueba de ortografía
Policía Nacional08/05/2022La Justicia ha dado la razón a cinco aspirantes a la Policía Nacional que se quedaron fuera por escribir mal, supuestamente, palabras como “ciberataque”, “reditar” o las siglas “LGTBI”. El Tribunal Superior de Madrid ha ordenado que varios aspirantes en la convocatoria de 2019 puedan repetir las pruebas pero con la ortografía aprobada y, en caso de ser finalmente seleccionados y pasar todas las pruebas, deben incorporarse como policías en el puesto que les hubiera correspondido, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.
La sentencia del TSJM explica que los nueve hombres y mujeres recurrentes se presentaron a una convocatoria en 2019 para entrar en la Policía Nacional. Todos pasaron las pruebas físicas y de conocimientos pero fueron suspendidos en la prueba de ortografía, excluidos finalmente. La razón: según el tribunal, no habían identificado bien algunas palabras mal escritas en base a lo que recoge el diccionario de la Real Academia de la Lengua: “ciberataque”, “reditar”, “LGTBI” y “preminente”. No llegaron a la nota de corte de 6,20 puntos.
La sección séptima de lo contencioso ha dado la razón a los aspirantes, representados por el abogado Ángel Galindo. Sí concede que la Policía tenía derecho a poner la nota de corte donde le pareciera correcto, pero entiende también que las palabras por las que suspendieron a los aspirantes estaban correctamente escritas. Y lo hace basándose, precisamente, en que la convocatoria pedía tener “como base” el diccionario de la RAE. Un total de 100 preguntas a contestar en ocho minutos indicando si la palabra estaba mal o bien escrita.
El TSJM explica que el diccionario de la RAE no es sólo “un compendio de las palabras y letras correctas en la lengua española” sino que “no excluye que sean correctas otras variantes no recogidas pero perfectamente válidas” en base a la última edición de la Ortografía de la Lengua Española de 2010.
Los jueces se basan en un informe del departamento de “Español al Día” de la RAE aportado al procedimiento para dar la razón a los aspirantes. En cuando a las palabras “preminente” y “reditar” indica el informe que son poco habituales pero que “han de considerarse ortográficamente válidas”. Sobre “ciberataque” indica que no figura en el diccionario pero que también es una forma válida de describir un ataque informático.
Sobre las siglas del colectivo LGTBI, dice de forma tajante que es una palabra “plenamente correcta a todos los efectos, también desde el punto de vista ortográfico”. Estas siglas son correctas, dice, y su documentación en el uso actual “es muy abundante” aunque no figure como tal en el diccionario.
El informe, dicen los jueces, es “suficientemente claro y preciso” y lleva a dar la razón a los nueve aspirantes que recurrieron. “Sería un completo sinsentido que consideráramos palabras incorrectamente escritas las grafías analizadas cuando la RAE, máxima institución garante de establecer los criterios de corrección en el uso de nuestra lengua común, ha señalado inequívocamente que eran palabras correctamente escritas”, dicen los jueces para estimar el recurso de los aspirantes a policía.
“Miles se quedaron fuera”
Ángel Galindo es el abogado que ha llevado y ganado este pleito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Considera que esta sentencia abre la puerta a que otros aspirantes que se quedaron fuera por las pruebas de ortografía puedan recurrir su caso. “Todos aquellos aspirantes que no recurrieron en su día pueden recurrir ahora. Y son miles los que quedaron fuera ilegalmente confiando en la Policía”, ha dicho el letrado madrileño.
Las pruebas de ortografía del acceso a Policía Nacional han generado polémica y quejas en los últimos años y fue la propia Policía la que tomó la iniciativa poco antes de conocerse esta sentencia. En febrero de este año el cuerpo anunció que “se eliminará la ortografía como prueba de selección”. La orden ministerial firmada por Fernando Grande-Marlaska, efectivamente, no incluye ninguna prueba de ortografía.
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