Las instalaciones del complejo de Nuevos Ministerios de Madrid se han convertido en un campo de guerra soterrada entre Policía, agentes de Seguridad y Guardia Civil. Los primeros y los segundos se encargan de la seguridad del interior del recinto, mientras los terceros tienen las competencias para el perímetro exterior, pero las continuas peleas entre unos y otros han provocado que incluso siete vigilantes de seguridad pidan una baja laboral, según distintas fuentes conocedoras del problema. El último capítulo en la escalada de este asunto tiene fecha de este martes cuando el coronel jefe Unidad de Protección y Seguridad de la Benemérita envió una orden en la que permite a los agentes entrar al edificio con armas, a pesar de estar prohibido por el protocolo de seguridad del Ministerio.

El documento interno, al que ha tenido acceso El Independiente, lleva el sello de «confidencial» y se dirige al director de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) que lidera Raquel Sánchez. El coronel jefe expresa que «desde junio de 2022, de forma continuada e intencionada, en contra de la legislación vigente», el director ha dado «órdenes a los vigilantes de seguridad privada contra los guardias civiles» «con el único objetivo de obstaculizar, cuando no impedir, el normal funcionamiento de los servicios que presta la fuerza pública en dichas instalaciones».

El informe, escrito en tono muy duro y utilizando frases en mayúscula, defiende que se están produciendo «incidentes graves», «delitos violentos» e incluso señala «agresiones armadas contra las autoridades». Sin embargo, otras fuentes conocedoras del motivo de las disputas relatan escenas de «soberbia» a las puertas del Ministerio de Transporte en las que los guardias civiles tratan de entrar armados al recinto para utilizar la peluquería que hay dentro del complejo, el comedor o la guardería.

Para entender la controversia es necesario conocer cómo se distribuyen los metros cuadrados del macroedificio de funcionarios en materia de seguridad. El exterior, como sucede por ejemplo en los centros penitenciarios, está custodiado por la Guardia Civil, si bien el interior es responsabilidad del Secretario de Estado de Transportes que con el director de Emergencias y Seguridad organiza seguridad interna y confeccionan el protocolo de seguridad. Así lo dice el Real Decreto 495/2021 que establece la estructura del Ministerio. En este caso, el jefe de Seguridad es un inspector de Policía y luego existe una empresa adjudicataria (Sureste Seguridad S.L.U.) cuyos trabajadores se encargan de los accesos, la vigilancia y el control interior.

El coronel jefe de la Guardia Civil firmante expresa en nueve puntos una serie de órdenes para «normalizar la situación existente». Uno de los extremos de controversia refleja que «los agentes de autoridad que accedan al Ministerio en el ejercicio legítimo de sus funciones, portarán las armas reglamentarias que tengan asignadas para el servicio«. Este hecho choca con el protocolo de seguridad del edificio en el que se indica que a partir del control en la puerta no se permite el acceso al edificio con armas de fuego. Igual que ocurre en multitud de edificios oficiales, indican fuentes del cuerpo, como en el Congreso de los Diputados donde policías y guardias civiles deben dejar su arma en la comisaría para transitar libremente.

Obligado cumplimiento a partir de hoy

El documento del Instituto Armado avala también que para acceder a las instalaciones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo deban identificarse con la Tarjeta de Identificación Profesional (el TIP, que es una suerte de matrícula para cada agente); así como que esta tarjeta no puede ser retenida, fotocopiada o fotografiada debiendo limitarse el personal de seguridad privada a «tomar el número de la TIP y, si estima conveniente, el motivo y dependencia a la que se dirige».

Que a los guardias civiles destinados allí se les debe proporcionar una acreditación; que ante cualquier duda sobre el motivo de acceso los vigilantes privados deben avisar «inmediatamente» a la Guardia Civil; o que en el caso de tener que organizar dispositivos extraordinarios que requieran apoyo de otras unidades del cuerpo, los jefes «podrán ordenar la reserva de espacios, aparcamientos o accesos de espacios exteriores» del complejo de Nuevos Ministerios.

Todas estas órdenes entran en vigor «a partir de las 7:00 horas del día 31 de mayo de 2023», dice el coronel jefe, y son «de obligado cumplimiento para el servicio de seguridad privada». No sólo recuerda que no hacerlo conlleva responsabilidades penales, sino que además dice al Director de Seguridad del Ministerio que si tiene alguna queja se dirija directamente al Ministerio del Interior. El documento se arroga unas competencias, indican fuentes del cuerpo, que no le corresponden a la Guardia Civil y que evidencian las rencillas internas que están provocando que el clima en el edificio público sea irrespirable.

Vigilantes con ataques de ansiedad

La situación viene coleando desde hace meses y se han sucedido denuncias cruzadas también por parte de los vigilantes de seguridad que describen escenas de abuso de autoridad y ansiedad. En una denuncia interpuesta el pasado 22 de marzo en la comisaría de Chamberí, tres trabajadores explican cómo requirieron a varios agentes de la Guardia Civil su identidad para entrar al edificio y ellos se negaron queriendo acceder con armas. Ante el rechazo, los agentes respondieron «que iban a pasar sí o sí, y que iban a tomar un café».

En la denuncia se relatan amenazas de los agentes «haciendo mención a una posible sanción y/o detención en caso de que los vigilantes no les permitieran el paso». Los trabajadores dicen sentirse «inseguros» en su puesto de trabajo y dejan constancia de que en el propio Ministerio, el cuerpo de la Guardia Civil tiene un acceso habilitado hacia sus dependencias por el que pueden acceder con armas, pero prefieren hacerlo por la entrada principal «y causar los problemas descritos, sin ningún tipo de necesidad».

Una segunda denuncia del pasado 11 de mayo describe cómo un capitán llegó a espetarles: «La orden de mi coronel es acceder a cualquier sitio por mis cojones, y que esto se iba a acabar el día que te vengas detenido». Dos de los trabajadores les explicaron que el espacio «es libre de armas por lo que no pueden entrar armados, manifestando los dos Guardias Civiles que venían a cortarse el pelo y a desayunar y que no iban a dejar sus armas», indica el documento. Los vigilantes dicen no saber cómo lidiar con los tricornios e incluso dejan por escrito que, en ocasiones, han tenido que acudir a los servicios médicos del Ministerio donde les recetaron medicinas para la ansiedad.

En la documentación a la que ha accedido este periódico, las denuncias llegan al Ministerio del Interior, al Defensor del Pueblo y al propio Ministerio de Transportes, incluso por parte del sindicato UGT que habla de «injerencias, coacciones, amenazas de mandos».

Fuente

"GDH Digital" - Diario Policial