Los incidentes que protagonizaron varios guardias civiles que acudieron a un club de alterne en el municipio de Heras, en Santander, en octubre y diciembre del pasado año han puesto sobre las cuerdas al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria, el coronel Antonio Orantos.

La Unión de Oficiales (UO), que representa a toda la escala de oficiales, ha denunciado ante el juzgado al mando por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos al no haber iniciado ningún procedimiento de sanción, ocho meses después del escándalo, contra el agente cántabro que presuntamente extorsionó a uno de las empleados del establecimiento. Unos hechos que esta asociación profesional también ha puesto en conocimiento del juez.

La polémica reside en que la jefatura del Instituto Armado, siempre según la denuncia de la Unión de Oficiales, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, solo habría abierto un expediente disciplinario a una parte de los agentes que se vieron involucrados en los hechos mientras que contra otro guardia civil, que se negó supuestamente a pagar a la trabajadora sexual y enseñó, tras expresar lo anterior, su placa de Guardia Civil, no se ha tomado ninguna medida sancionadora.

Primera visita al club de alterne

En octubre, tras una celebración, varios guardias civiles se dirigieron al Club New Borgia, situado en el citado municipio cántabro. A la entrada del mismo, sin embargo, se produjo una discusión entre uno de ellos y el portero del establecimiento. El primero quería entrar al club de alterne con un disfraz, pero el último se lo prohibió, lo que produjo un enfrentamiento acalorado entre las dos partes. La cuestión quedó ahí.

Tiempo después, un anónimo denunció los hechos ante otra asociación profesional, y esta lo remitió a la Comandancia de Cantabria. Fue cuando el jefe del Instituto Armado, Antonio Orantos, ordenó una investigación de lo ocurrido. En la misma, el personal del establecimiento no quiso denunciar los hechos y, al igual que hicieron los agentes implicados poco después, señalaron que no hubo ningún tipo de incidente. 

Aún así, la Jefatura ha elevado parte disciplinario, considerando los hechos como graves, y ha propuesto sanciones graves para los guardias civiles que discutieron con el portero. Contra un oficial, presente durante la noche en el local de alterne, se proponen dos faltas graves, con sanción de tres meses de suspensión. Una propuesta que la UO considera «absolutamente desproporcionada, máxime cuando ni tan siquiera ha quedado acreditada la participación del oficial en la discusión».

Segunda visita

La investigación iniciada por el coronel Orantos, no obstante, dio un giro cuando el encargado del establecimiento declaró que días más tarde, concretamente en diciembre de 2022, otro grupo de guardias civiles de Tráfico acudó al local. Según rezan las declaraciones que obran en el expediente, uno de ellos subió a la habitación con una mujer, y tras no quedar contento con el servicio, «acudió a un responsable, mostrando su tarjeta de guardia civil, para que le devolvieran el dinero». El responsable, tras esto, procedió a devolvérselo.

Un comportamiento, que de acuerdo con la denuncia de la Unión de Oficiales, puede constituir un supuesto delito de extorsión, recogido en el artículo 243 del Código Penal. Pese a conocer estos hechos, sin embargo, la Jefatura de la Guardia Civil en Cantabria no ha promovido ningún parte disciplinario contra el agente que supuestamente extorsionó al empleado en el club de alterne, solo ha sancionado a los gentes que presuntamente discutieron con el portero del local.  Ante esto, la Unión de Oficiales ha llevado el caso a los tribunales para depurar responsabilidades que, advierte, podrían llegar incluso a la Delegación del Gobierno.

El instructor de la investigación

Este miércoles, según ha publicado un medio local, ha trascendido que la investigación sigue en curso, pese a que han transcurrido ocho meses, para conocer con exactitud lo que ocurrió en diciembre en el municipio de Heras la conduce un comandante de dilatada experiencia destinado en Madrid, no en Cantabria. Una decisión que habría tomando el coronel Orantes. Lo común, señalan diversas fuentes del Instituto Armado, es que la lleven mandos naturales de la Comandancia donde ocurren los hechos.

Al parecer, el mando que instruye la investigación podría estar esperando una vacante en Cantabria, un puesto cuya adjudicación es de libre designación y estaría, por tanto, en manos del jefe de la Comandancia en la comunidad autónoma.

Tras denunciar los hechos, la Unión de Oficiales ha anunciado que retirará a sus dos representantes en el Consejo de la Guardia Civil del grupo de trabajo para la implantación del Plan de Ética Profesional. «La omisión del deber de perseguir estos hechos ocurridos en Cantabria, sin ni tan siquiera ofrecer una explicación pública que salvaguarde la imagen de la Guardia Civil y aclare por qué no se ha hecho nada para perseguirlos, ilustra sobre el compromiso con la Ética Profesional dentro del Cuerpo de quienes dirigen la Guardia Civil», denuncian.

"Theobjective.com"

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