Cinco agentes de la Policía Nacional de Toledo denuncian a su jefa por acoso laboral

Las funcionarias relatan episodios de menosprecio y amenazas constantes por parte de la inspectora jefe Olga Lizana

Policía Nacional 15/03/2024 GDH Digital GDH Digital
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La inspectora jefe Olga Lizana | EP

Revuelo en la comisaría de Policía Nacional en Toledo. Cinco agentes, que trabajaron o actualmente trabajan en la Brigada Provincial de Policía Judicial a las ordenes de la inspectora jefe Olga Lizana, han denunciado a esta última por acoso laboral ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha, que ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, aseguran fuentes policiales. En los escritos, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, todos ellos presentados por mujeres, las policías relatan un clima de tensión constante en la brigada por parte de la mando, que supuestamente llegó a forzar el traslado de las funcionarias a otras unidades, en el caso de muchas de ellas, tras volver de permisos de maternidad o pedir una reducción de jornada para conciliar su vida familiar y laboral.

Las agentes, algunas de ellas de baja a causa de la relación profesional con la inspectora jefe y otras, ubicadas en otros destinos tras solicitarlo recientemente por el mismo motivo, relatan episodios continuos de acoso en los que Olga Lizana, responsable de la Brigada Provincial de Policía Judicial desde 2020, fiscalizaba «constantemente» el trabajo de las agentes, «amenazaba con abrirles expedientes disciplinarios» o las «criticaba» y «menospreciaba», delante de otros compañeros, diciendo que no cumplían con su labor «por temas personales». «Ya me he quitado a una, ahora solo me queda la otra», habría llegado a verbalizar la mando, tras la salida de una de las denunciantes a otra brigada.

En las cinco denuncias, las agentes también culpan indirectamente a otros superiores, como el comisario provincial, Carlos Julio San Román o al secretario general de la comisaría de Toledo, Anastasio Sánchez, por evitar buscar una solución a la situación continuada de acoso. Según cuentan, estos mandos trataban de encubrir a la inspectora jefe y siguieron sus recomendaciones, en el caso de dos de ellas, a la hora de ubicar a las agentes en la Oficina de DNI pese a que esos puestos no correspondían con su rango policial.

«En esta brigada no hay sitio para una reducción»

«Había días en los que no te dirigía la palabra y otros en los que te buscaba para fumarse un cigarro y hablar contigo. (…) Sus conversaciones se basaban en hablar mal de los compañeros, incluso se reía de ellos diciendo que ‘no sabían hacer absolutamente nada’», relata una agente en su denuncia ante riesgos laborales. Esta oficial de Policía cuenta que la inspectora «le retiró el saludo y dejó de hablarle» desde el momento en que se desplazó a Madrid para realizar unos exámenes oficiales, cuestión por la que le ordenó que le entregase unos justificantes porque sospechaba que «en realidad estaba con su marido», el cual trabajaba en el extranjero y visitaba muy poco España.

«Desde entonces, deje de bajar a la cafetería para no se molestase y recuerdo cómo mis compañeras tenían que subir a verme, ya que yo sabía que podía tener algún problema con mi jefa si salía del despacho…», relata. Olga Lizana tampoco se habría tomado bien que la agente tuviese cierta flexibilidad horaria al tener que encargarse sola de sus dos hijos, y tras cursar una petición de reducción de jornada tras un problema médico de su madre el pasado 12 de mayo, la inspectora le espetó: «En esta brigada no hay sitio para una reducción de jornada, hablaré con el secretario general». A lo que añadió, según la versión de la funcionaria: «Tu marido y tú habéis decidido que él tenga una carrera con proyección y tú no, estás son las consecuencias».

Finalmente, una semana después, la agente se enteró por sus compañeros de que la iban a echar de la Brigada Provincial de Policía Judicial por orden de su jefa, tras la citada conversación. Pese a que otros mandos intentaron impedirlo, la afectada, con décadas de experiencia en operativa policial, fue destinada a la oficina de DNI en la comisaría de Toledo. «En diciembre le dije al secretario general, Anastasio Sánchez, que si revocaba mi reducción de jornada dónde me ubicarían, y él me contesto que «no tenía hueco en otro sitio, pero que había uno en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC), bajo el mando de la inspectora jefa, pero que ya sabía lo que había y me atuviese a las consecuencias de trabajar allí». Según la denuncia, desde esa época, la oficial «no se encuentra mentalmente bien, tiene ansiedad y precisa asistencia psicológica».

«Me pidió que renunciase a mi puesto»

Similar es la historia de otra agente a la que, tras incorporarse del embarazo y periodo de lactancia, la inspectora comunicó que quería que siguiese formando parte de la ODAC por falta de personal, pero que, en definitiva, «no la quería en la brigada y que había solicitado su cambio pero se lo habían denegado porque le habían cambiado a personal de investigación». Un escenario por el cual, para conseguir su propósito, llegó a pedir a la funcionaria «que hiciese una minuta voluntaria renunciando a su puesto de trabajo en un puesto de investigación».

«Al mostrar mi negativa hacia su petición por no querer renunciar a un puesto de trabajo en el que realmente quería estar, me dijo que si me quedaba en la Brigada Judicial no iba a volver al mismo grupo (UFAM/UDEV) y que me tendría que atener a las consecuencias. Finalmente, y tras las quejas de la jefa por que la agente intentase conciliar su vida laboral y familiar, la agente aceptó comenzar a trabajar también en la oficina de DNI. «Ella prefería prescindir de una policía trabajando en su brigada, antes de ceder en la flexibilidad horaria de tan solo ocho días al mes que había pedido para trabajar allí». Poco después, lo intentó de nuevo pero no le aseguraron volver a la misma unidad. Así que decidió presentarse al concurso nacional de traslados y dejar la comisaría de Toledo.

Episodios de tensión

Otra de las denunciantes, que están siendo asistidas jurídicamente por el sindicato ASP, también optó por ese camino, tras obtener una plaza vacante en la Brigada de Información. Atrás dejaba, relata su escrito, «episodios de tensión que hicieron que en muchas ocasiones me tuviera que esconder a llorar en el baño del trabajo o cerrarme en el despacho al sentir impotencia de lo que la inspectora decía sobre mi trabajo». Esta agente, casada con otro policía de la misma comisaría, tenía pactado no coincidir con su marido en el mismo servicio para poder dividirse el cuidado de sus hijos. Y si lo hacían, variar durante algunos minutos su horario. Un permiso que Olga Lizana no consentiría tiempo después. «Así es el trabajo de Policía Judicial», le advirtió.

«Comenzó a hablar mal de nosotras —se refiere también a otra compañera afectada— encerrándose en los despachos con otros compañeros para desacreditarnos como trabajadores, criticarnos y menospreciarnos, llegando a decir que abandonábamos nuestro trabajo por temas personales, haciendo ver a la gente que no éramos buenas trabajadores y consiguiendo que muchos de esos compañeros por temor de represalias de ella hacia ellos, o por no conocernos bien y creerla, nos dejaran de lado o no nos hablaran», revela esta denunciante.

Tras diez años en la Policía Judicial

En cualquier caso, los problemas que relatan estas funcionarias con la mando no solo afectaron al personal que acababa de llegar a ese departamento. Otra de las policías, cuenta en otra denuncia, dejó la brigada tres diez años de servicio en la misma. Después de conseguir «sus mayores retos profesionales, obligada por las circunstancias y por la situación de acoso laboral por la actual jefe, Olga Lizana».

Esta afectada ha unido su queja a la de sus compañeras tiempo después para poner de manifiesto los tres años que pasó a las ordenes de la inspectora jefe y que finalmente «derivaron en meses de tratamiento psicológico para conseguir sobreponerse al desgaste emocional y mental que le supusieron sus controles exhaustivos, la fiscalización constante de cada paso o las amenazas recurrentes de aperturas de expedientes disciplinarios». También al «aislamiento a la que la sometió porque consiguió que sus compañeros no le hablasen o se volviesen si me cruzaba con ellos por los pasillos si estaba cerca». Lo que le «hizo dudar de cada cosa que hacía».

La ‘caza gánsters británicos’

Con todo, coinciden las denunciantes, en muchas ocaciones era la inspectora la que «de manera directa y para marcar distancias» decía que había tenido problemas en otros destinos —Grupo de Fugitivos y Grupo de Juegos de Azar de la Comisaría General de Policía Judicial— porque «los policías a su cargo fueron unos vagos y les dabas la mano y se cogían el brazo», y eso «no le iba a volver a pasar porque iba a dejar claro desde el principio quien era la jefa».

Lizana fue destituida en 2016 como jefa de los citados grupos por la mala relación que tenía con los nueve agentes que dirigía y que también se quejaron de los modos de su superiora. Entonces, también hubo funcionarios que se dieron de baja. Su trabajo, no obstante, hizo que diarios británicos como The Times la apodasen como la ‘cazadora de gánsters británicos’. Ahora, el caso de estas cinco agentes está en manos de la Jefatura de Policía de Castilla-Mancha, que decidirá en las próximas semanas si toma alguna medida con la responsable.

Enrique Recio para "TheObjective"


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