Guantazo a Marlaska. Archivada la causa contra los guardias civiles que "juraron derramar su sangre por la Constitución"

La polémica se generó el pasado noviembre, en un momento de dura agitación política en el que el PSOE estaba cerrando acuerdos políticos con los partidos independentistas catalanes para conseguir que Pedro Sánchez fuera investido nuevamente como presidente del Gobierno. Era un momento en el que la Ley de Amnistía se estaba empezando a negociar y se conocían las exigencias sobre ella de los independentistas y hasta donde estaban dispuestos a llegar los socialistas.

El acuerdo final entre el PSOE y Junts, que incluía no sólo temas relacionados con la amnistía sino también duros ataques a la justicia, provocó una cascada de reacciones entre los sindicatos y asociaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Cuerpos que no sólo se veían afectados porque se iba a amnistiar a quienes les provocaron decenas de heridos en los disturbios callejeros provocados por el proceso separatista, sino que también trabajan como policía judicial.

En ese contexto, la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC), que durante años tuvo representación en el Consejo de la Guardia Civil, pero que dejó de tenerla en las elecciones internas de 2021, hizo público un comunicado en el que censuró abiertamente lo que se conocía en ese momento de la Ley de Amnistía y en el que recordaba que que los agentes del Instituto Armado "juramos derramar nuestra sangre en defensa de la Constitución".

El Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska filtró rápidamente que la Dirección General de la Guardia Civil iba a abrir una investigación para determinar qué agentes eran los responsables de ese comunicado de APROGC y emprender entonces acciones penales y disciplinarias. La primera decisión, una vez identificados el presidente y el secretario como autores de la nota, fue suspenderles de empleo y sueldo durante tres meses mientras se estudiaba su situación disciplinaria.

Intentaron sancionarlos con falta grave

El director general del cuerpo, Leonardo Marcos, cargo político nombrado por el ministro Marlaska, intentó que los agentes fueran sancionados por una falta grave tipificada en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, por "la violación de la neutralidad o independencia política o sindical en el desarrollo de la actuación profesional", lo que podría incluso acarrear la expulsión de la Benemérita.

Ahora, la resolución del General Jefe de la Asesoría Jurídica de la Guardia Civil supone un duro varapalo tanto para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como para el propio director general del cuerpo, Leonardo Marcos, pues considera que los dos responsables de APROGC no vulneraron el régimen disciplinario del Instituto Armado y no cometieron ningún tipo de falta cuando emitieron el polémico comunicado.

El Tribunal Militar Central, también les da la razón

Pero la cuestión no se queda ahí. Los dos agentes recurrieron ante el Tribunal Militar Central la medida cautelar de suspensión de empleo y sueldo por tres meses (lo máximo que prevé el régimen disciplinario), por entender que se estaba vulnerando sus derechos fundamentales. Y el juez militar les ha dado la razón y reprende al Instituto Armado por sancionar a los agentes sin "elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión".

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