Las ayudas estatales fueron adjudicadas en plena pandemia y sin que se llevara a cabo ningún concurso público.

Un grupo de agentes de la Guardia Civil han acudido en la mañana de este jueves a la sede del Ministerio de Economía. En su condición de Policía Judicial, los guardias han entrado en las oficinas de la cartera que dirige Calviño por orden de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público investiga cómo se adjudicaron estas ayudas públicas a raíz de una denuncia que interpuso el PP de Madrid por orden de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Las mismas fuentes explican a este periódico que la Fiscalía Anticorrupción ha ordenado a los agentes de la autoridad que localicen la ubicación exacta de los expedientes en los que se detalla cómo, cuándo y por qué se adjudicaron un total de 963.000 euros en ayudas públicas a la empresa del marido de Calviño. Además, la Guardia Civil ha acudido también al Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera y a otras instituciones públicas.

El organismo que ha otorgado estas dos ayudas a la empresa donde el marido de Calviño es directivo es el Instituto de Crédito Oficial (ICO), un organismo que depende del Ministerio de Asuntos Económicos. La misión del ICO es “promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento sostenible, la generación de empleo y la distribución de riqueza”. La cúpula de este organismo está presidida por José Carlos García de Quevedo y Jaime Iglesias Quintana, ambos cargos designados por la vicepresidenta y ministra Calviño.

Las ayudas de 963.000 euros adjudicadas a la empresa de la que es alto directivo Ignacio Manrique de Lara tuvieron como objeto “paliar los efectos del coronavirus”. Esta inyección estatal, que se produjo entre los días 20 y 24 de abril de 2020, forman parte del confinamiento domiciliario que el Gobierno impuso durante el primer estado de alarma. Ese periodo fue del 15 de marzo de 2020 al 21 de junio del mismo año.

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