Un sargento zamorano logra la mayor indemnización que la Guardia Civil debe pagar a sus agentes en 178 años

La asociación de suboficiales de la Guardia Civil ASESGC, acudió a los tribunales para denunciar que el aumento presupuestario anual de productividad y complemento de destino consignado en los PGE no se repartía de forma correcta entre los guardias civiles, incumpliendo las propias normas que regulan la distribución de este complemento.

Tras la sentencia obtenida en el Supremo que sentaba doctrina, la Guardia Civil se negó a pagar de oficio los incrementos de productividad a todos los guardias civiles desde el año 2017 al año 2021, alegando que había repartido el presupuesto recibido entre los miembros del Cuerpo y advirtiendo incluso con abrir un expediente por cobros indebidos a quien solicitara la indemnización.

Finalmente, la Dirección General del Cuerpo, forzada por los ingentes intereses mensuales generados por sentencia y los importes de la condena en costas de los recursos que se iban presentando, se ve obligada a pagar de oficio a todos los guardias civiles la actualización de la productividad estructural devengada durante los años 2017 a 2021, lo hará en la nómina del mes de junio de 2022 según ha anunciado María Gámez en un comunicado interno.

Antes de llegar a esta conclusión, la Guardia Civil probó a los tribunales llevando hasta el TSJ de Madrid su interpretación particular, a pesar de la rotunda sentencia del Supremo. Este Tribunal, como no podía ser de otro modo, abogó por una interpretación literal del pronunciamiento previo del Tribunal Supremo acerca del modo en el que debió pagarse la productividad estructural entre los años 2017 y 2021.

La Sentencia dictada por el Tribunal Supremo a instancia de ASESGC, supone la mayor indemnización que debe abonar el Cuerpo a todos sus miembros en sus 178 años de historia y se produce por una mala gestión del presupuesto de productividad, que no repartió de forma adecuada. El letrado director de los servicios jurídicos de la asociación de Suboficiales ASESGC es Fernando Castellanos, de Cuenca. Castellanos defendió la tesis de que los aumentos presupuestarios del complemento de destino debían repercutir a las diversas familias de productividad estructural, que finalmente acogió también el Tribunal Supremo.

El incremento experimentado por el complemento de destino según las diferentes Leyes de Presupuestos Generales del Estado desde 2017 a 2021 debían alimentar a las diversas familias de productividad estructural porque estaban ligadas a ese complemento y fueron desviadas a otros objetivos.

Las indemnizaciones individuales dependen del tipo de productividad que se percibe por el puesto de trabajo, los más altos pueden percibir hasta 1500 euros dependiendo del empleo, un sargento comandante de puesto cobrará en la nómina de junio unos 1000 euros, unos 800 euros cobrará por ejemplo un subteniente de una PLM o un sargento de Policía Judicial.

Tras la sentencia, en una reforma de la norma que regula la productividad que entró en vigor en 2022, la Guardia Civil desligó la productividad estructural del complemento de destino, inventando un nuevo concepto; el complemento vinculado al empleo CVE. Esta maniobra pretende evitar destinar a la productividad estructural los aumentos anuales que se produzcan en esa partida presupuestaria.

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