La Guardia Civil ha terminado ya el expediente disciplinario por posible negligencia abierto a tres efectivos del Cuerpo -dos agentes y un sargento- que intervinieron en el doble crimen de la localidad cántabra de Liaño -donde murieron una mujer y su bebé de once meses, presuntamente a manos de la pareja y padre de las víctimas, que tenía orden de alejamiento sobre la mujer- y que se ha saldado con sanciones disciplinarias. En concreto, el expediente ha concluido con la apreciación de tres faltas graves, ya notificadas a los afectados, que conllevan pérdida de haberes -supone la privación de las retribuciones y la suspensión de las funciones durante los días objeto de sanción-, por "falta de observancia del rigor en lo que debía ser su cometido".

Así lo ha informado esta tarde la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en una entrevista a Radio Santander, recogida por Europa Press, con motivo de su participación en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Gámez, que ha dejado claro que es un tema interno del instituto armado, de Régimen Disciplinario, no de responsabilidad penal, ha señalado que además a las consecuencias en el empleo y sueldo, hay que sumar la "huella" que las sanciones dejan en el expediente de los efectivos implicados, y que afecta a su desarrollo y a su carrera profesional.

El crimen machista tuvo lugar a mediados del pasado mes de diciembre y motivó que la Guardia Civil abriera, al margen del procedimiento penal, una información reservada por la actuación policial, toda vez que el arrestado tenía una orden de alejamiento de su pareja -que podría haber incumplido hasta en dos ocasiones ese mismo día- y ella había llamado a la Benemérita antes de los hechos para alertar de que se encontraba en su vivienda.

Pero a la mañana siguiente del aviso, efectivos del Cuerpo encontraron los cuerpos sin vida de la mujer y su hija en el domicilio, después de que sus familiares denunciaran la desaparición de ambas. El hallazgo llevó a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid a abrir de forma inmediata dicha información reservada para conocer el detalle de la actuación de los agentes en torno al suceso y para saber si habían seguido todos los protocolos del Cuerpo en los casos de violencia de género, como se investiga este supuesto, desde el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santander -su titular decretó prisión provisional para el detenido que, hasta ahora, ha negado su autoría o participación-.

Ese proceso de información reservada duró algo más de un mes y desembocó en la apertura, en febrero, del expediente que ha culminado ahora, con la imposición de una sanción disciplinaria -suspensión de empleo y sueldo- por falta grave.

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