Cinco meses de cárcel “mientras la Guardia Civil se juega la vida para detenerlo”

La última noticia que ha devuelto ese “recurrente sentimiento de desmoralización” ha sido la del individuo que no irá a la cárcel por intentar introducir a un inmigrante en una moto de agua. “Fue condenado a cinco meses de prisión, pero quedarán en suspensión de ejecución real”, explican, mientras "los agentes ponen en riesgo sus vidas para perseguir a esos traficantes de personas que se lucran ilegalmente con 8.000 euros por cada persona inmigrante que logran introducir al país. Después, cuando son detenidos y dispuestos a disposición judicial, las penas de cárcel son mínimas o incluso tan solo se impone una simple multa”.

En la AUGC creen que es importante que se impulsen medidas e iniciativas legislativas para que los jueces dispongan de las herramientas necesarias y apliquen condenas ejemplares para este tipo de delitos. “Se lo hemos hecho saber al Senador Arbona y hemos incidido sobre este punto dada la importancia de paliar el malestar que prima. En el caso de que fuera necesario, apoyamos la modificación del Código Penal. Hay que desfavorecer todo lo posible la inmigración irregular y los implicados en los hechos criminales tendrían que ser juzgados como autores de trata de seres humanos, donde las penas privativas son de un mínimo de cinco años, más elevadas que las que llevan aparejadas las conductas que favorecen la inmigración irregular”.

Agravante

La asociación de la Guardia Civil considera que en todos los casos debería aplicarse el agravante por poner en riesgo a las víctimas. “Es vergonzoso e inhumano que los delincuentes proporcionen un chaleco salvavidas al inmigrante para evitar ese agravante en el caso de ser detenidos. Es necesario aplicar una política que persiga la criminalidad con dureza y aumentar las penas para estos delitos de tráfico de personas. Se producen de forma reiterada y hoy en día es una forma de esclavitud”.

"GDH Digital" - Diario Policial

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