Se hace llamar “La Diosa”, y capta a sus víctimas a través de la red social Instagram. El usuario que está siendo investigado por estas prácticas delictivas embauca a menores de edad para que realicen “directos” con hombres a través de la aplicación Whatsapp, siempre manteniendo relaciones sexuales. Según las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia, el usuario vende posteriormente a través de la red el contenido de esos directos. Hace entrega a los menores de parte de la suma, pero con una contrapartida: continuar alimentando esa espiral delictiva. 

No es ningún hecho aislado. La delincuencia a través de medios informáticos registra en Gipuzkoa “un aumento muy considerable”, con una tendencia al alza que se inició durante el confinamiento por la pandemia y cuya curva ascendente sigue disparada y sin freno.

Los procedimientos abiertos por causas de criminalidad informática superan el millar (1.251), según los datos oficiales remitidos durante el año pasado por la Ertzaintza, la Guardia Municipal de Donostia, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Entre ellos, la Fiscalía de Gipuzkoa alerta del incremento de delitos de extorsión, por los que se han incoado un total de 82 diligencias previas, según recoge la memoria de la actividad de la fiscalía vasca.

Un magma delincuencial en el que los delitos de corrupción de menores destacan “por su gravedad”, y por ser “los más comunes”. Un colectivo vulnerable al que acecha La Diosa, el sobrenombre bajo el que se oculta la persona a la que se sigue los pasos. La investigación avanza “poco a poco” condicionada por las enormes dificultades que entraña identificar a delincuentes en la red, y la “demora” que supone depender de la colaboración de empresas extranjeras, como Google, Facebook o Whatsapp.

Identificados: el presunto autor y los compradores

Ya se ha identificado, pese a las dificultades, a una persona como presunta autora de estos hechos, así como a varios compradores del material gráfico de esos “directos” en los que puede verse a menores realizando actos sexuales. La Fiscalía detalla que la investigación es compleja por el hecho de que varias de las personas bajo sospecha residen en diferentes puntos de la geografía estatal, por lo que “está siendo necesaria” la colaboración de diferentes cuerpos policiales. El Ministerio fiscal señala en el documento que se han ido incautando varios terminales telefónicos que están siendo analizados por la policía. 

Todas estas dificultades provocan que, pesar del aumento “desmedido” de denuncias por delitos de estafa cometidos a través de internet, “un gran número” de procedimientos se archive por falta de autor conocido. Casi podría decirse que se trata de buscar una aguja en un pajar. 

La investigaciones sobre extorsiones en la red, lamenta la Fiscalía, resultan infructuosas por varios motivos. En primer lugar, las direcciones IP desde las que se perpetra el engaño apuntan a uno o varios países extranjeros, una dificultad que se solapa con el hecho de que la cuenta bancaria beneficiaria del importe estafado suele estar a su vez en terceros países. Por lo general, apunta el Ministerio fiscal, son estafas por importes no muy elevados, circunstancias todas ellas que “hacen imposible acudir a mecanismos de investigación internacionales”. 

Las dificultades para poner coto al avance imparable de la criminalidad informática no terminan ahí. Cuando se logra identificar a alguna persona relacionada con la estafa -el titular de la IP o de la cuenta corriente beneficiaria del dinero- se constata que se trata, por lo general, de una “identidad usurpada”. Es decir, la persona que se ve inmersa en el procedimiento “es una víctima más”, de la que han hecho un uso ilícito de sus datos. 

Nada sabe ella sobre la estafa investigada. Un cúmulo de circunstancias que provoca que el Ministerio fiscal tenga encima de la mesa “numerosas diligencias” previas incoadas por delitos de usurpación que se archivan provisionalmente “de manera automática” por falta de pruebas. 

Menores: videollamadas y vídeos de contenido sexual

A este respecto, la Fiscalía pone el acento en el colectivo “especialmente vulnerable” en el que se convierten los menores. “Los delincuentes se ganan su confianza y logran que éstos les envíen fotografías o vídeos de contenido sexual”, detalla el Ministerio fiscal. En otros casos, consiguen hacer con ellos videollamadas en las que realizan actos sexuales. En el peor de los escenarios, “les convencen para verse en persona y abusan sexualmente de ellos”, según recoge el documento.  

Todas estas conductas se dieron en un sumario seguido ante el Juzgado de Instrucción nº5 de Donostia, que el año pasado se saldó con una sentencia condenatoria de la Audiencia de Gipuzkoa y que al cierre de la memoria de la Fiscalía estaba pendiente de resolución del recurso interpuesto por la defensa ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

Garantizar los derechos de estos menores afectados por este tipo de conductas online se antoja “fundamental”, según señala el Ministerio Fiscal. “La propia ley nos atribuye un papel protagonista”, reconoce la fiscalía, consciente de la necesidad de participar “de manera inmediata” en todas las actuaciones necesarias, a través del impulso de investigaciones, la coordinación con la policía, la solicitud de medidas cautelares o los informes sobre análisis de dispositivos informáticos.

A modo de propuesta, una forma de luchar contra este tipo delictivo, sugiere el Ministerio Fiscal, “podría consistir” en impartir formación a los colectivos vulnerables, a través de charlas en centros escolares e institutos, en ámbitos familiares y a través de las instituciones públicas. 

A este respecto, el año pasado la Fiscal Delegada impartió en 2021 una charla a adolescentes sordo mudos en el instituto del barrio donostiarra de Amara. El encuentro versó sobre sobre los peligros de Internet, la necesaria prevención de posibles situaciones de riesgo así como el uso adecuado de las redes sociales. 

Esta serie de iniciativas, según el Ministerio fiscal, pueden ayudar a que colectivos vulnerables “no lleguen a ser víctimas de ilícitos penales”, ni tampoco autores de conductas que, desgraciadamente, proliferan en los últimos años en la medida en que lo hacen las Tecnologías de la Información y Comunicación.