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Un agente de la Policía Nacional de Valencia terminó con una brecha de siete grapas de sutura tras ser agredido por un detenido en los calabozos de la Inspección Central de Guardia (ICG) en el complejo policial de Zapadores. El agresor es un joven marroquí con distintos antecedentes delictivos que había sido arrestado por cometer un hurto en un centro comercial de la ciudad.
Los hechos ocurrieron el pasado martes, 28 de mayo, después de que agentes de la Policía Nacional acudieran a un centro comercial de Valencia tras recibir el aviso de los vigilantes de seguridad del recinto. El detenido fue trasladado a dependencias policiales al oponer resistencia y negarse a ser identificado para poder hacerle entrega de la citación por juicio rápido por hurto.
Una vez en dependencias policiales a fin de proceder adecuadamente a la identificación, se procedió al engrilletamiento del presunto autor de los hechos como medida de seguridad ante la actitud desafiante y violenta hacia los agentes, no colaborando y resistiéndose activamente en todo momento a las directrices señaladas por los agentes.
Tras varios intentos y medidas adaptadas a fin de tranquilizar al autor de los hechos y tener que soportar varias tentativas de agresión por parte de este, se traslada al detenido al precalabozo.
Es allí donde uno de los agentes observa que el autor de los hechos se había quitado uno de los grilletes, y al entrar para colocárselo de nuevo el detenido le golpea fuertemente en la cabeza, cayendo al suelo y provocándole una herida inciso contusa, la cual necesitó de asistencia medica urgente y una sutura de siete grapas en la cabeza. Los demás agentes presentes en el lugar, tuvieron que reducir al violentos individuo.
Las organizaciones sindicales con representación en el consejo de Policía, SUP, SPP y UFP, denuncian «el aumento en los últimos años de las agresiones a agentes de Policía Nacional y el incremento de la tasa delincuencial que sufre la ciudad de Valencia».
«Mientras días tras días, los agentes de Policía y de la Guardia Civil se juegan su vida y su integridad física en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, el Ministerio del Interior no les reconoce si nos considerados como profesión de riesgo», afirma un comunicado de las organizaciones sindicales.
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