La mujer fue condenada en primera instancia el 6 de mayo pasado por el Juzgado de lo Penal número 4 de Santander. La Audiencia Provincial ratifica la totalidad de las penas impuestas por los delitos de resistencia y lesiones, según han podido saber los servicios jurídicos de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), defendidos en esta ocasión por la letrada Gema Sobaler Castañeda, del bufete GS Abogados Santander.

La Audiencia de Cantabria considera probado que sobre las 2:40 horas del 8 de agosto de 2019, la condenada se hallaba en su domicilio en el municipio de Liérganes, al que acudió una patrulla de la Guardia Civil a causa de las quejas de varios vecinos por los ruidos y golpes que escuchaban en esa vivienda.

Al tratar los agentes de identificar a la acusada, esta se negó en numerosas ocasiones y empujó a uno de los agentes mientras les gritaba que se fueran, e intentó que no detuvieran a otra persona que se encontraba en esa casa en situación de rebeldía procesal, por lo que forcejeó con uno de los guardias al que causó “un esguince grado I en el primer dedo de la mano izquierda y una excoriación de cuatro centímetros en el antebrazo izquierdo, que precisaron para su curación de tratamiento médico, además de una primera asistencia facultativa, consistente en vendaje funcional y fisioterapia, tardando en sanar 82 días con pérdida temporal de calidad de vida moderado y sin restar secuelas”, precisa la sentencia.

La asociación profesional JUCIL, cuyo objetivo es la defensa de los derechos socio-laborales de los guardias civiles, también procura y defiende los derechos sociales y familiares de los integrantes de la Guardia Civil. “Consideramos que la sentencia reafirma el respeto al principio de autoridad que permite la intervención pacífica de los guardias civiles en su cuidado por la seguridad ciudadana mediante acciones que buscan, sobre todo, la protección de los derechos de los ciudadanos”, ha declarado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño.

“JUCIL defenderá, lo ha hecho desde su creación, las actuaciones de aquellos compañeros que se vean comprometidos en el desarrollo de su actividad profesional o que resulten afectados por tratar de llevar a cabo su compromiso con la sociedad en la defensa de los derechos y de los bienes de los ciudadanos”, ha añadido Vilariño.

Para la Audiencia, los hechos confirman los dos delitos, por una parte por la existencia de oposición física con el mandato de los agentes de la autoridad por parte de la condenada quien se resistió a su identificación y a su detención y porque además “trató de impedir la detención del varón que se encontraba con ella y contribuyó a causar las lesiones que sufrió el agente de la autoridad que intervenía en el ejercicio legítimo de sus funciones” resalta el texto judicial.

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