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Decenas de años de condena y multas multimillonarias para los guardias civiles del Puerto de Algeciras

Juicio a cinco agentes y otras diez personas por colaborar con redes criminales

Tribunales 23/01/2023 GDH Digital GDH Digital
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Puerto de Algeciras

La Sección Séptima de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, enjuiciará el próximo mes de febrero a una supuesta red delictiva liderada por un cabo de la Guardia Civil destinado en el Puerto de Algeciras y otras catorce personas, entre las que figuran otros cuatro miembros de la Benemérita y un abogado. La Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar les atribuye, entre otros, los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, cohecho y blanqueo, según el escrito de acusación del ministerio público al que ha tenido acceso Europa Sur.

La Fiscalía solicita para el principal acusado, B.A.P., un total de 28 años de prisión, a razón de siete años por el delito de dirección de organización criminal; otros siete por contrabando (y multa de 10 millones de euros); seis más por el delito de cohecho (con una multa de 24 meses con una cuota diaria de 15 euros y doce años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones como guardia civil) y ocho años de prisión y multa de 900.000 euros por blanqueo de capitales agravado. A todos esos delitos se unen dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones como guardia civil por la comisión del delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Junto a él, hay otros cuatro guardias civiles. F.J.J.M afronta una petición de condena de cinco años de prisión por la comisión del delito de integración en organización criminal; seis años y seis meses más por la comisión del delito de contrabando (con multa adicional de 8 millones de euros); cinco años por cohecho, con multa de 18 meses con una cuota diaria de 10 euros y once años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones como guardia civil; dos meses y 29 días de prisión y dos meses y 29 días de multa con una cuota diaria de 10 euros por falsedad de uso de documento mercantil falso y un año y 9 meses de inhabilitación por la comisión del delito de omisión del deber de perseguir delitos.

En el caso de F.A.G.T., la petición de la Fiscalía es de cuatro años y seis meses de cárcel por integración en organización criminal; cinco años y medio de prisión y multa de 7 millones de euros por la comisión del delito de contrabando, a los que se suman por cohecho cuatro años y seis meses de prisión, con una multa de un año con una cuota diaria de 10 euros y diez años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones como guardia civil.

La también agente de la Benemérita M.P.V.A. debería ser condenada a las siguientes penas, a juicio del fiscal: cuatro años y seis meses de cárcel por integración en organización criminal; cinco años y seis meses de cárcel y multa de 7 millones de euros por delito de contrabando; cuatro años y seis meses de prisión y multa de doce meses con cuota diaria de 10 euros por el el delito de cohecho, junto con su inhabilitación especial para el ejercicio de funciones como guardia civil durante diez años y seis meses, más otro año y medio también de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delitos.

El quinto guardia civil acusado es E.J.L.F., que hace frente a una petición de cuatro años y seis meses de prisión por integración en organización criminal; cinco años y seis meses por delito de contrabando, más multa de 7 millones de euros; cuatro años y seis meses de prisión, una multa de un año con una cuota diaria de 10 euros diez años y seis meses de inhabilitación como guardia civil por cohecho, más dos años y medio más de prisión y nueve meses de multa con cuota de diez euros por falsedad en documento mercantil.

El abogado de la trama

Para el abogado R.C.L. el ministerio público solicita en su escrito cinco años de prisión por el delito de integración en organización criminal, seis años y seis meses por contrabando (más una multa de 8 millones de euros), y dos meses y 29 días de cárcel por delito de falsedad de uso de documento mercantil falso.

El acusado J.C.R.S. deberá ser condenado, a tenor del escrito del fiscal, a las siguientes penas: por la comisión del delito contrabando, seis años de cárcel y multa de 8 millones de euros; por falsedad en documento oficial, dos años de prisión y nueve meses de multa con una cuota diaria de 10 euros; por el delito de falsedad de documento mercantil, cinco meses de prisión y cinco meses de multa con cuota diaria de 10 euros.

Para A.P.C. se solicita nueve meses de prisión y multa de 2 millones de euros por contrabando.

La acusada M.M.G.E. se enfrenta a una solicitud de condena de cuatro años de prisión por integración en organización criminal y a otros cinco años, más una multa de 500.000 euros, por blanqueo de capitales).

M.M.A.G., otra de las acusadas, afronta una petición de condena de cuatro años de cárcel por delito de integración en organización criminal, y otros cinco años más multa de 250.000 euros por blanqueo de capitales.

H.J.C. es acusado de un delito de integración en organización criminal, por el que afronta una petición de cuatro años de cárcel, y de un delito de blanqueo de capitales, con una pena de cinco años de prisión más una multa de 180.000 euros.

Idénticas penas y delitos que el anterior se atribuyen a S.A.P., si bien la multa en su caso asciende a 600.000 euros.

D.P.Y. debería ser condenado por la comisión de un delito de blanqueo de capitales, a juicio del fiscal, y una pena de seis años de cárcel y multa de 4,5 millones de euros.

A la acusada T.V.C. se le atribuye la comisión de un delito de blanqueo de capitales, por lo que se le piden cuatro años de reclusión y una multa de 250.999 euros.

El último de los acusados es L.A.S., quien por un delito de blanqueo de capitales afronta una solicitud de condena de 5 años de prisión y una multa de 1 millón de euros.

Las empresas de la red

La Fiscalía solicita igualmente el pago de cuantiosas multas a cargo de las empresas que servían a la red para blanquear sus actividades ilícitas y su disolución como personas jurídicas.

También prevé el ministerio público el decomiso de los efectos, instrumentos y ganancias productos del delito, incluyendo la totalidad del dinero en efectivo intervenido por la Guardia Civil, las cuentas corrientes y productos financieros de los encausados, terrenos, viviendas y naves, así como relojes de lujo, joyas y vehículos, entre los que figuran coches y motos de alta cilindrada y varias embarcaciones.

Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, el fiscal propone que los siete principales acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la Agencia Aduanera y Tributaria en la cantidad de 1.689.295,31 euros por las cuotas tributarias y aduaneras no ingresadas por los hechos cometidos.

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