La Audiencia ordena investigar a una profesora por discurso de odio a un alumno hijo de guardia civil

La Audiencia de Barcelona ha obligado a un juzgado de Martorell a reabrir la investigación sobre una denuncia contra una profesora de un colegio de Sant Andreu de la Barca que señaló, discriminó e hizo llorar a un niño de su clase por ser hijo de guardia civil. Los hechos juzgados se remontan al 2 de octubre de 2017, el día siguiente del referéndum ilegal.

A uno de los menores, de 12 años, la profesora lo marcó ante sus compañeros de clase: “¡Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer!”, le espetó. A continuación, según el auto, “toda la clase, al igual que el resto del centro, por instrucción preceptiva de la dirección, salió al patio para realizar una concentración para manifestar su repulsa por el despliegue policial del día anterior en lo que entendían que había sido un intento violento e ilegítimo de reprimir el citado referéndum de autodeterminación del día anterior”.

La denuncia relata que la actuación de la profesora “provocó el llanto del alumno y un sentimiento lógico de señalamiento, humillación y menosprecio de su dignidad personal, constituyendo ello, además, un acto discriminatorio contra un colectivo profesional concreto y un discurso del odio contra el mismo, todo ello en el marco de un contexto de alta tensión y conflictividad social y política”. La profesora negó todo en una primera comparecencia ante el juzgado. Pero luego el juez señaló que, aunque hubiera dicho lo que se le achacaba, su intención no era humillar al menor, “sino solo expresar, en un contexto de fuerte conflictividad y polarización social y política del momento, una opinión personal, compartida además por una gran parte de la sociedad catalana, por lo que su actuación estaría amparada por la libertad constitucional de expresión”.

La denuncia había sido archivada por un juzgado de Martorell, pero Fiscalía (que la acusa de delito de odio y contra la integridad moral) presentó recurso, que ahora se ha solventado con la orden de la Audiencia de reabrir el caso. Según la Fiscalía, “las expresiones proferidas” por la docente “ante un menor, especialmente vulnerable por ello, constituyen un acto claro y objetivo de señalamiento, humillación y menosprecio grave al menor en su dignidad, delante de los restantes alumnos, con el consiguiente daño moral del mismo, en un contexto sociopolítico particularmente sensible que hacía aún más grave el atentado contra la integridad moral del menor y que, además, contribuía a un discurso del odio contra un determinado colectivo profesional y su discriminación en la sociedad catalana del momento”.

La defensa, en cambio, adujo que la profesora se amparaba en la libertad de expresión y que las investigaciones sobre otros profesores acusados de hechos similares habían sido archivadas. En el recurso, el fiscal aducía que la libertad de expresión, “por preeminente que sea, no puede amparar el derecho a denigrar y humillar a otra persona y menos aún en una relación completamente asimétrica, entre una profesora adulta en clase y un alumno menor de 12 años, por muy defendibles y legítimas, o no, que sean las ideas políticas o sociales que pueda albergar la primera”.

Los otros casos, archivados

En realidad, una compañera suya también fue denunciada por una alumna. Durante su tutoría dijo que los menores no irían a clase por estar indignada con la Guardia Civil “porque han sido unos salvajes” y que se haría un minuto de silencio en el patio. Una de las menores, hija de guardia civil, le dijo que ella no saldría de clase, que iba al instituto a estudiar, no a hablar de política. A ello, la profesora contestó: “Pues eso es lo que hay. Si no te gusta, ahí tienes la puerta”.

El fiscal la acusó de delitos de odio y contra la integridad moral. La niña abandonó el centro “muy afligida”. La profesora negó también en un primer momento las palabras que se le atribuían y fue palabra contra palabra. “No fue una actuación profesional docente ni imparcial ni responsable ni prudente, conllevando cierto perjuicio moral” En este caso, la Audiencia mantiene el archivo de la denuncia, aunque dice el auto que la actuación de la profesora, si los hechos se produjeron como dice la niña, “merece toda la crítica y no se ajustó, en absoluto, a una actuación profesional docente ni imparcial ni responsable ni prudente, conllevando ello, lógicamente, un cierto perjuicio moral para los menores hijos del colectivo policial”. Añade luego que “ninguna justificación, moral ni profesional ni de ningún tipo, merece que la profesora, en ese explosivo contexto social, señalara con su intervención a los hijos de ese colectivo profesional entre y ante todos los alumnos de toda su clase y, ciertamente, nos cuesta comprender cómo la profesora, en caso de realmente haberlo hecho, se decidió a hacerlo”

La Audiencia también confirmó el archivo de una denuncia de dos menores más contra su profesora de inglés, que dijo a los alumnos que no harían clase por los hechos del referéndum. Anunció un minuto de silencio en el patio y mostró a los menores una foto en la que aparecía un cordón policial integrado por 50 agentes de la Guardia Civil, agarrados haciendo círculo. La profesora dijo a los alumnos: “¿Habéis visto esta foto, saliendo de la furgoneta como perros rabiosos?”. Además, preguntó ante la clase quiénes de sus alumnos eran hijos de guardia civil y tres levantaron la mano, “provocando en ellos la actuación de la profesora sentimientos de señalamiento, humillación y rabia, hasta el punto de que la primera comenzó a sollozar y dejó de asistir a clase en los tres días siguientes”, según la Fiscalía.

Del mismo modo que todos sus compañeros, en un primer momento la docente negó sus palabras y luego agregó que, aunque lo hubiera dicho, su intención no era “menospreciar ni humillar a los menores, sino sólo la de expresar una opinión personal, compartida además por una gran parte de la sociedad catalana”. La Audiencia, igual que en el caso anterior, admite que su actuación es reprobable y que causó “un cierto perjuicio moral para los menores hijos del colectivo policial”, pero no considera que eso fuese un delito. Es más: califica la actuación de la profesora solo de “exceso, más allá de los lógicos sentimientos de señalamiento particular, confusión y rabia mostrados por los menores”.

El auto de este caso se refiere al del primer caso, en que obliga a levantar el archivo, subrayando que la diferencia entre ambos es que en el de la profesora de inglés no hubo un señalamiento individual y en el otro sí hubo “una concreta intervención personal adicional: la profesora espetó a uno de esos alumnos señalados si estaba contento con lo que había hecho su padre en el día anterior, requiriéndole, además, para que, como actividad docente, como deberes, le respondiera por escrito”. Aun así, el auto manifiesta dudas sobre el hecho de que la expresión “perros rabiosos” pueda ser amparada por la libertad de expresión al ser pronunciada en una clase de menores y dado el contexto de superioridad moral del profesor ante sus alumnos.

Las frases “desafortunadas”

En el mismo instituto de Sant Andreu de la Barca hubo ocho profesores denunciados por delito de odio. En uno de los procedimientos, que afectaba a cinco profesores, la Audiencia confirmó el archivo este mes de enero. En esa causa también era acusadora la Asociación Española de la Guardia Civil. En mayo de 2018, el procedimiento contra esos cinco docentes fue archivado. Ahora, la Audiencia confirma dicho archivo. En esos casos, uno de los profesores aseguró a los alumnos que “los guardias civiles son unos animales que sólo saben dar palos”; otro aseguró: “No me encuentro en disposición de dar clases normales por lo acontecido en el día de ayer, ya que la Policía y la Guardia Civil me han tratado a palos, porque son unos animales y unos bestias”; un tercero dijo a los alumnos que “el que esté a favor de la violencia policial que se quede en clase y el que no, que se baje al patio”.

En estos casos, según la Audiencia, no concurren los mismos hechos que en el de la profesora que se sigue investigando. En lo referente a una profesora que instó a los alumnos a bajar al patio “a defender la independencia”, señala que fue “una frase a todas luces desafortunada, impropia de una docente”, pero no atisba conducta delictiva. También califica así la frase del profesor que les dio a elegir entre quedarse o bajar al patio, calificando esta última frase de “maniquea” e “impropia de un docente”.

Los otros profesores, asegura el auto, se limitaron a exponer un “estado de ánimo sin que se dirija en concreto a ninguno de los alumnos y menos en su condición de hijos de guardias civiles”. Además, subraya que fueron “manifestaciones puntuales, breves, únicas y, por tanto, no reiteradas, efectuadas ante un auditorio restringido a sus propios alumnos y expresión de un desafortunado desahogo impropio en todo caso de un docente ante sus alumnos”.

Como resultado, dice que “no hay un acto grave de humillación, menosprecio o descrédito” y confirma el archivo de las denuncias a esos cinco profesores. En Sant Andreu de la Barca se encuentra la Comandancia de la Guardia Civil de Cataluña y el colectivo ha estado perfectamente integrado en la población.

El acoso de las instituciones catalanas fue tal que en plena pandemia, cuando la Benemérita estableció un hospital de campaña para acoger a enfermos, la Generalitat no le dio permiso para abrir, pese a las protestas del alcalde de la localidad y el aval de la OMS. Ese hospital permitía disponer, en abril de 2020, de 140 camas, cuando más necesidad había en Cataluña de estas instalaciones. La consejería de Salud, que era la que denegó el permiso, estaba en manos de Alba Vergès (ERC). Hasta tiempos recientes, el instituto armado no había tenido problemas de convivencia con los vecinos, pero los dirigentes políticos independentistas fueron los que machacaron durante los últimos años con un peligroso discurso de rechazo a lo que denominan “fuerzas de ocupación” que prendió entre algunos sectores de la sociedad en forma de rechazo y discurso del odio contra el colectivo policial.

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"GDH Digital" - Diario Policial