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La Audiencia Provincial de Madrid juzgará la próxima semana a un guardia civil acusado de exigir a un ciudadano 85.000 euros, amenazándole con desvelar datos personales si no lo hacía, y para el que la Fiscalía pide un año de cárcel.
Tribunales 17/03/2023 GDH DigitalLa Audiencia Provincial de Madrid juzgará la próxima semana a un guardia civil acusado de exigir a un ciudadano 85.000 euros, amenazándole con desvelar datos personales si no lo hacía, y para el que la Fiscalía pide un año de cárcel.
De cara al juicio, que comenzará el miércoles en la Sección Séptima de la audiencia madrileña, el Ministerio Público imputa al procesado un delito de amenazas por el que solicita que sea condenado a un año de prisión.
Según el escrito de acusación, J. M. M. era en 2020 cabo primero de la Guardia Civil en el SEPRONA, y a raíz de su actividad profesional tuvo conocimiento de datos personales del propietario de una finca en San Lorenzo de El Escorial, a quien amenazó con desvelarlos si no accedía al pago de 85.000 euros.
Detalla el fiscal que 6 de abril de 2020 el agente acudió a una finca de San Lorenzo de El Escorial donde se estaba efectuando una tala, a raíz de lo cual tuvo conocimiento de los datos personales del propietario y sobre el modo de adquisición de la propiedad y su titular anterior.
Con dicha información el acusado presuntamente telefoneó en varias ocasiones al propietario del inmueble, a quien exigió a través de un teléfono con número oculto el pago de 85.000 euros, haciéndose pasar por trabajador de una empresa dedicada a la localización de patrimonios de herencias, y hasta le amenazó con desvelar sus infidelidades.
Dos meses después, el 1 de junio de 2020, le envió una carta sin firma en la que le contaba que sabía de las gestiones que había efectuado sobre el patrimonio de una de sus clientas, fallecida en 2016 y de quien heredó la finca anterior, “advirtiéndole de que los hechos se pondrían en conocimiento de la Hacienda Pública, por si hubiera cometido un fraude fiscal”.
Tras varios contactos entre ambos, y sin ponerse de acuerdo sobre la forma de entrega el dinero, el acusado remitió el 17 de julio de 2020 un escrito de denuncia a la Hacienda Pública Autonómica a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid en el que comunicaba que el denunciante era heredero único y universal de todos los bienes de la anterior dueña de la finca, y advertía de que iba a concluir el plazo para la prescripción del impuesto de sucesiones y donaciones.
Este escrito estaba firmado por el cabo y por un compañero, con la intención de que no le relacionasen con las llamadas anteriores, señala la Fiscalía.
El agente acusado envió otras denuncias similares al Ayuntamiento de Madrid y al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
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