Juzgan militarmente al sargento de la Guardia Civil acusado de maltratar, violar repetidamente y obligar a abortar a una subordinada

Tras cinco años de calvario, otros siete de espera y dos suspensiones del juicio, el sargento de la Guardia Civil acusado de abuso de autoridad, maltrato, lesiones graves y agresiones sexuales continuadas a una subordinada, a la que habría obligado a abortar, tendrá que sentarse en el banquillo este martes, 16 de mayo. Será el Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid el que juzgará a O. M. G., el mando que violó en reiteradas ocasiones a una guardia que estaba bajo sus órdenes en un cuartel de Murcia. La pesadilla de la víctima comenzó después de mantener una breve relación sentimental con su agresor, entre septiembre de 2010 y febrero del año siguiente. Los integrantes de la comandancia estaban al corriente.

Fue él quien decidió dejarlo, para volver con su mujer, y la guardia lo aceptó, sin que ello supusiera un problema. En septiembre, el sargento trató de retomar el idilio con ella, pero ésta se negó y fue así como comenzó su calvario. Primero, el acoso constante. Llamadas -más de 50 al día-, mensajes, correos electrónicos y visitas a su domicilio de madrugada. Luego llegaron las agresiones sexuales bajo amenazas. Tanto en el acuartelamiento, como en casa de la víctima.

Durante su jornada laboral tuvo que aguantar insultos, cambios injustificados en su servicio y más carga de trabajo. Si se negaba, le «hundiría la vida». Y fue así durante casi cinco años. Según el auto de procesamiento, de lo instruido -atestado, testificales, mensajes del acusado e informes médicos-, se desprenden «indicios racionales» de que la guardia «ha sido obligada reiteradamente, entre septiembre de 2011 a marzo de 2015, a mantener relaciones sexuales no consentidas, a demanda del sargento O. M. G. , por temor a mayores males que su negativa la pudiera acarrear».

El sargento sigue en activo y destinado a 20 km. de la víctima

Por estos hechos, el entonces Director General del Cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa, cesó al individuo pero, según ha podido saber este diario, en la actualidad está en activo, y trabaja en un puesto de Murcia, a 20 kilómetros del domicilio de la denunciante.

La víctima, destinada en la Oficina de Violencia de Género de Molina de Segura (Murcia), comenzó una relación con el sargento, entonces divorciado, hasta que éste volvió con su esposa, que estaba embarazada. La relación entre ambos volvió a ser exclusivamente profesional hasta que éste le pidió volver. Así lo acreditan los sucesivos correos electrónicos que le envió el mando. Correos que pudieron recuperarse y que obran en la causa, a pesar de, al menos, cuatro intentos de 'hackeo' de la cuenta de la guardia. Textos insultantes, groseros y humillantes que comenzaron cuando ella rechazó sus propuestas sexuales.

Fue así como comenzó el deterioro físico de la víctima y, también, sus visitas al hospital. A partir de enero de 2012, al acoso y las amenazas le siguieron las violaciones. La primera, cuando el sargento siguió a la guardia a su casa, y la abordó al bajar del coche. La obligó a abrir la puerta y allí la forzó. «¿Ves? No pasa nada», le espetó antes de marcharse.

Tras esta primera, llegaron más. También en los vestuarios femeninos del cuartel, ya que durante mucho tiempo ella fue la única mujer del puesto. Durante unos meses sí tuvo una compañera, que corrobora que en muchas ocasiones vio a la guardia llorando, sentada en el suelo, con los pies contra la puerta, para impedir que alguien pudiese entrar. «Este cabrón me va a hundir, me voy a tener que cambiar de destino», llegó a decirle una vez, sin entrar en más detalles. El mando comenzó a presentarse de madrugada en casa de la víctima, donde ésta vivía con su hijo pequeño. Timbraba de forma compulsiva, hasta que ella desconectó el telefonillo y comenzó a grabar el acoso, subiendo a la azotea, para grabar el coche de su agresor. Pruebas que también obran en la causa.

Sobre las violaciones dejó constancia en los correos electrónicos que envió a la guardia. Ella no contestó o se limitó a pedirle que la dejase en paz. Éste a su vez, la humilla y degradaba aún más. Tanto es así que llegó a decirle a otro guardia que hacía con la víctima «lo que quería». Fue en julio de 2012, cuando tras repetidas agresiones sexuales, la víctima se quedó embarazada. Al contárselo al sargento éste la acorraló contra la pared: «Saca eso de ahí, tú no me vas a joder la vida, entérate bien».

La noticia interrumpió durante un tiempo las violaciones pero no las amenazas. «Saca eso de ahí, vas a abortar, ya», llegando a golpearle la barriga. Fue el día 25 cuando la hizo sacar dinero de un cajero y la instó a coger dos días libres para abortar. En esa fecha se sometió a una «interrupción voluntaria del embarazo» en una clínica, tal y como acredita la factura. Tal era el terror de la guardia que, para no quedarse sola en el puesto, pedía a algún compañero que no se marchase hasta que ella saliera. Incluso dejó de usar los lavabos y comenzó a ir al baño público más cercano a la entrada, donde se encerraba bajo llave.

Sabiendo que la guardia tenía un hijo menor, el sargento, como jefe de puesto accidental, le cambió el horario de guardias, obligándola a levantar al niño a las cinco de la madrugada para llevarlo al cuartel -así lo corroboran varios agentes- y usar su media hora de descanso para llevarlo al colegio a las 8.30. ¿Por qué el cambio? «Porque lo mando yo», le respondió él.

Acoso telefónico

El acoso telefónico constante tampoco cesó. La víctima llegó a mostrarle a tres de sus compañeros el registro de llamadas, y éstos trataron de ayudarla, contándoselo a su superior quien, a su vez, elevó el parte disciplinario a la Dirección General de la Guardia Civil, pero no se abrió ningún expediente porque ella negó el acoso y los malos tratos. No hubo denuncia, tenía miedo. En abril de 2013, la agredió. La obligó a salir de patrulla con él, que conducía el vehículo oficial. Se dirigió a un descampado, y intentó forzarla, pero ella se resistió y la golpeó y mordió. Unos días después rompió a llorar ante otro mando, a la que contó lo ocurrido, mostrándole las marcas de la agresión. En esa fecha ambas acudieron a la Comandancia de Murcia, pero la víctima, entre llantos, negó lo ocurrido. También, por miedo. «Si el sargento se enteraba, me mataría», explicaría después.

Siguieron así los insultos, las amenazas y el abuso de poder hacia la guardia por parte de su superior. Aunque ella seguía siendo la responsable de Violencia de Género, la obligaba a tomar las denuncias de la oficina de atención al ciudadano, y también le encargaba tareas de otros compañeros como realizar informes o responder correos. «Puta, te voy a hundir la vida, vas a sacar el culo de esa silla», le espetó en su despacho a finales de 2013. También le desenchufaba el ordenador mientras trabajaba, riéndose de ella.

El deterioro físico y mental de la víctima afectó a su trabajo y a sus relaciones familiares. Fue atendida en varias ocasiones en urgencias por trastorno de deglución, no podía tragar nada y tenía miedo de ahogarse. También dolor torácico opresivo, migraña, gastritis. Hasta que durante dos años le recetaron un antidepresivo por su cuadro ansioso. Ella no contaba nada, solo que le costaba dormir y concentrarse. Finalmente, el miedo a perder la cabeza, los episodios de autolesiones y el plantearse ideas suicidas la llevaron a buscar ayuda en un especialista. Desde marzo de 2015 está de baja por incapacidad.

Durante todos estos años, la guardia ha tenido dificultades para alimentarse, dormir, pérdida de cabello y un trastorno dermatológico. Sufre un grave trastorno psicológico. Según el informe del psiquiatra, «el acoso prolongado ha desencadenado en ella un estado de ansiedad intenso, de miedo, de terror, que la ha sometido, le han hecho de alguna forma insana, sumisa, impidiéndole la eficacia de los mecanismos de defensa adecuados».

En su auto de procesamiento, el Juzgado Togado Militar Territorial 14, consideró en 2016 que existían «indicios racionales de criminalidad», no solo por el relato de la víctima y los testigos periféricos, sino también por los propios correos del sargento. Y es que no fue hasta después de obtener la baja médica, de obtener la ayuda de un especialista y de saber que se habían abierto diligencias cuando la guardia se atrevió a denunciar. Además, el auto subraya que no existe móvil de odio o resentimiento ya que, una vez finalizada la breve relación entre ambos, cuando el sargento dice arrepentirse -vía email- de retomar la relación con su mujer, la guardia le aconseja disfrutar de su familia o, en su caso, cambiar de destino. «Todo ello, sin rastro alguno de despecho».

Además, reza el texto, «el denunciado no da explicaciones racionales y coherentes en orden a los correos humillantes y vejatorios, las llamadas telefónicas continuas y no atendidas y los cambios de servicios y aumento de tareas» a la agente. Sobre las agresiones sexuales denunciadas, las define como «esporádicas y mutuamente consentidas».

Fue en 2016, cuando la víctima decidió denunciar, con el apoyo de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que, como acusación particular, solicita más de 22 años de cárcel para el acusado. A pesar de que también pidió que fuese la jurisdicción ordinaria la que se hiciese cargo del caso, dicha petición fue rechazada. Ahora, tras una «dilación excesiva», apuntan desde AUGC, será la Justicia Militar la que tras siete años de espera, juzgará al sargento.

Por su parte, la guardia sigue de baja médica, de larga duración, pendiente del expediente de pérdida de actitudes psicofísicas. «No podrá recuperarse hasta que no se dicte sentencia y finalice el calvario judicial», sostienen desde la asociación.

Fuente: Elene Burés para ABC

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