La Guardia Civil envió este miércoles refuerzos al complejo de Nuevos Ministerios en Madrid, después de que El Independiente publicara una orden de un coronel jefe que señalaba que los agentes podían entrar armados al edificio, a pesar de que el protocolo de seguridad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) lo prohíbe.

Las continuas disputas con los vigilantes de seguridad (que se encargan de asegurar el interior del recinto, mientras que el Instituto Armado custodia el exterior) han elevado el clima de tensión al máximo y algunos de los trabajadores hablan de «coacciones, amenazas, abuso de autoridad» y «mucho miedo».

«Lo que ocurrió ayer allí era de golpe de Estado», dice una fuente presente en el edificio. «Han tomado el Ministerio sin ningún tipo de respeto a los compañeros», señala otra. «La gente tiene miedo».

La raíz del problema se sitúa hace cerca de un año cuando la seguridad del complejo pasó de tenerla un oficial mayor a un inspector jefe de la Policía Nacional. «Antes siempre se hacía la vista gorda, los guardias civiles colaban visitas y eso había que cambiarlo», dice un trabajador de Sureste Seguridad S.L. (la empresa privada que tiene la adjudicación de la seguridad del recinto). A partir de entonces, el protocolo de seguridad -que no permite pasar a nadie al interior con armas o que obliga a identificar a toda persona que acceda- se empezó a cumplir a rajatabla y comenzaron los problemas con la Guardia Civil.

Un protocolo que, según distintas fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad consultadas, no es nada extraordinario a lo que se hace en prácticamente todos los edificios públicos, el Congreso de los Diputados o el Tribunal Constitucional.

«Cuando empezó lo que yo considero que es lo normal, ahí ya empezaron los problemas», dice uno de los trabajadores con los que ha hablado este periódico, que no quiere dar su nombre por miedo a represalias. «Quieren acceder armados y sin identificación. Quieren ir a la peluquería armados, a la cafetaría armados…», explican. «Pero ya no es que quieran ir armados, es que entran con el arma larga. Que parece que estamos en guerra», añaden.

Estas voces de la empresa privada relatan que ellos tienen que seguir el protocolo con todas las personas sin distinción. «A mí que seas un guardia civil no me garantiza que no vayas a hacer algo. ¡Pero si me estás amenazando a mí, lo puedes hacer con cualquiera!», expresan. «Ahí hay información confidencial, ¿quién te dice a ti que con una pistola no van a un despacho y amenazan [a alguien] para que le dé información?». Recuerdan que en el edificio hay datos muy sensibles como, por ejemplo, el registro de la OTAN.

Pero, además de la seguridad de los documentos, defienden que existe otro riesgo si la Guardia Civil se niega a identificarse al entrar. «Yo no tengo ningún control de quién entra ahí. Si en ese momento hay una bomba esas personas no existen para nosotros. No hay ningún registro. Por eso dicen ‘es que es una tontería’. No, no es una tontería. Es que hay que registrarse porque entonces yo no sé quién está dentro y quién no está dentro. Porque nunca pasa nada pero puede pasar», exponen los vigilantes.

El punto álgido de la situación ha llegado esta semana cuando el coronel jefe de la Unidad de Protección y Seguridad de la Guardia Civil envió un documento «confidencial» dirigido al Secretario de Estado de Transportes, otro al director de Seguridad de Emergencias y otro a la empresa privada de seguridad aludiendo a que ante los «incidentes graves», «delitos violentos» e incluso «agresiones armadas contra las autoridades» pasaban a dar una serie de órdenes para «normalizar la situación existente». Entre ellas se incluía que los guardias civiles no tuvieran que identificarse en la puerta más allá de con su Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) o que pudieran acceder con «las armas reglamentarias que tengan asignadas para el servicio».

Tras la publicación de dicha orden por este periódico, fuentes oficiales de la Guardia Civil confirman que varios agentes estuvieron en la mañana de este miércoles en las dependencias del Ministerio. Lo circunscriben a una cuestión de «previsión» de seguridad, para reforzarla. En cualquier caso desligan el refuerzo de guardias con cuestiones operativas ni relacionadas con «buscar papeles». Los vigilantes, sin embargo, dicen haber vivido la situación como una «provocación» y una exhibición de poder.

Falta de respuesta del Secretario de Estado

Los trabajadores aseguran sentirse «desprotegidos» por parte del Secretario de Estado de Transportes David Lucas de quien dependen las competencias de seguridad interna. «Nosotros estamos en el medio», expresan y piden una solución para saber cómo proceder. «Que por favor alguien nos ayude. Es una agonía y una ansiedad no saber cómo actuar», dicen unos. «Su posición, en realidad es clara con la Guardia Civil. Él está dejando hacer, si él lo estima el problema se podría haber acabado ya», explican otros.

La Guardia Civil en su escrito se apoya en la Ley de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero especialmente en la Ley de Seguridad Privada que en el artículo 41 sobre vigilancia y protección dice que «cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» se prestarán los servicios de «vigilancia de otros edificos o instalaciones de organismos públicos». En cambio, otras fuentes señalan que están omitiendo que la norma añade que esto será de esta forma «cuando así se decida por el órgano competente».

En este caso el competente es precisamente el Secretario de Estado de Transportes (como dice el Real Decreto 495/2021 en el que se reparte la organización del Ministerio) y es su departamento el que lleva el protocolo y el que tiene contratado los servicios de seguridad privada. «Están haciendo un uso torticero de la norma porque la Guardia Civil dice que puede entrar allí armada y lo que dice el protocolo que la regula es que no», explica Ángel García, responsable del Seguridad Privada del sindicato UGT.

Siete trabajadores de baja

Los trabajadores de la empresa han acudido a presentar dos denuncias a la Policía Nacional después de distintos episodios con agentes de la Benemérita. «Si nos hubieran podido detener ya nos habrían detenido. Pero es que no pueden porque saben que lo que estamos haciendo es legal. Lo que pasa que lo fácil es atacar al vigilante de mierda, como prácticamente nos dicen ellos», expresan.

«Han amenazado a un vigilante entre cinco guardias civiles. Que casi se muere el tío, que lo hemos cogido con un ataque de ansiedad que se moría, que pensaba que le daba un infarto. Que le ha tenido que atender en el Ministerio la doctora», comenta un trabajador sobre uno de los compañeros que está de baja. De la algo más de una treintena de vigilantes e inspectores que tienen contrato en el recinto hay siete con baja médica, según confirman varias fuentes.

Ellos dicen «que una empresa de seguridad me niegue a mí el paso. Y digo no, no la empresa de seguridad no le niega el paso, se lo niega el Ministerio», recalcan. «Y todo el rato echándose la mano a la pistola».

Fuente

"GDH Digital" - Diario Policial