A juicio un guardia civil que no denunció a un compañero por un delito de violencia de género

Un agente de la Guardia Civil destinado en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel e inhabilitación de su cargo por omisión de su deber de actuar en un caso de violencia de género en el que se vio implicado un compañero del cuerpo. Será juzgado a partir de este martes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Tal y como dicta el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso EFE, se le imputa un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, previsto y penado en el artículo 408 del Código Penal. También un delito de falsedad documental previsto y penado en el artículo 390 del Código Penal.

Por ello, la Fiscalía pide para él una pena por el mismo de los delitos de inhabilitación especial para ejercicio del cargo durante un año y por el segundo de los delitos una pena de cuatro años de cárcel e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo durante tres años.

Sucesión de los hechos

Tal y como defiende la Fiscalía, el acusado, en septiembre de 2018, tras ser requerido por una mujer, expareja de su compañero, le comentó que había sido agredida físicamente, así como que este último le había realizado pintadas en el coche. Pese a estar obligado por razón de su puesto y ante el conocimiento de la eventual perpetración de un delito de violencia de género, no procedió a recoger denuncia del caso ni incoar de oficio diligencias.

En este sentido, sí hablo por WhatsApp con la ex compañera sentimental de su amigo y aseguró que estaba intentando ayudar a los dos, pero que al final le iba a "costar una relación de amistad".

Cuando la mujer interpuso una denuncia penal por los supuestos malos tratos cometidos por el compañero del acusado, el seguimiento de la denuncia recayó en el ahora investigado, sin que se tenga constancia de que fuera apartado del caso.

En enero de 2019, el acusado efectuó una nueva valoración del riesgo de la víctima y alteró deliberadamente las respuestas dadas por esta al cuestionario. En una primera valoración, la presunta víctima arrojó un resultado de 'riesgo medio', mientras la valoración con las respuestas alteradas por el acusado arrojó un resultado 'no apreciado'.

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