El Supremo, obligado a pronunciarse sobre el nombramiento de 10.000 guardias civiles

El Tribunal Supremo tiene que marcar una línea clara de actuación sobre los guardias civiles que ocupan destinos de libre designación. El futuro de más de 10.000 agentes puede verse afectado por la decisión que adopte el alto tribunal a resultas de las destituciones de dos de los coroneles más emblemáticos del Instituto Armado: Diego Pérez de los Cobos y Manuel Sánchez Corbí.

Ambos fueron destituidos de sus cargos por decisión del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y la directora de la Guardia CivilMaría Gámez, sin recibir una motivación suficiente de acuerdo con los estándares establecidos por el Supremo para este tipo de ceses de funcionarios públicos y que implica explicitar qué razones hay detrás de una supuesta «pérdida de confianza». Las razones deben ser, además, «reales, legales y suficientes».

Estas destituciones fueron recurridas ante la Audiencia Nacional por ambos coroneles. Inicialmente un magistrado llegó a dar la razón a Pérez de los Cobos, pero la sala de la Audiencia Nacional, la antigua casa de Grande-Marlaska, corroboró la decisión del ministro.

Los mandos elevaron sus recursos al Supremo y, en ambos casos y con gran rapidez el tribunal los admitió a trámite. El pronunciamiento se espera en fechas próximas.

Para tratar de justificar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS la legalidad de los ceses de Sánchez Corbí y Pérez de los Cobos, la Abogacía del Estado, siguiendo los dictados del Ministerio del Interior, defiende que la jurisprudencia del Supremo, según la cual el cese de funcionarios públicos que ocupan puestos de libre designación debe estar suficientemente motivado, no debe aplicarse a los guardias civiles.

Sin embargo, la Sala, en sus escritos de admisión de los recursos de los coroneles, defiende el derecho de los mandos de la Guardia Civil a recurrir en casación y a que sea evaluado y valorado por el tribunal. En este sentido, apunta: «En contra de lo sostenido por la Abogacía del Estado, esta sala entiende que la cuestión planteada por la parte recurrente sobre la necesidad o no de motivar los acuerdos de cese en puestos de trabajo cubiertos por el sistema de libre designación no puede considerarse manifiestamente carente de casación».

«El problema del cese en puestos de trabajo adjudicados por el sistema de libre designación», añade, «desde la perspectiva del deber de motivación (...), sólo se ha referido a los estándares de motivación exigibles en la provisión de tales puestos, por eso exige la necesidad de confirmar, aclarar o precisar la doctrina existente sobre la problemática del cese de los mismos, sigue siendo necesario extender o proyectar respecto del cese lo dicho sobre otros nombramientos, ahora centrados en la revocación del destino del jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid».

En el auto de admisión de la Sala del TS se apunta el objetivo que tendrá que dirimir y que afectará a más de 10.000 guardias civiles: «La cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar cuál es el contenido del deber de motivación exigible en las resoluciones administrativas que acuerdan el cese de funcionarios públicos en puestos de libre designación, y si, a tal efecto, resulta extensible la doctrina jurisprudencial establecida en cuanto respecta al deber de motivación de los acuerdos de cese en puestos de libre designación, también aplicable en el ámbito de la Guardia Civil».

La Audiencia Nacional, de acuerdo con la Abogacía del Estado, considera que los guardias civiles están fuera de las reglamentaciones del resto de funcionarios con cargos de libre designación, cuyos ceses deben estar motivados.

FUTURO LABORAL

La sección de admisión del TS acordó «determinar cuál es el contenido del deber de motivación exigible en las resoluciones de cese de funcionarios en puestos de libre designación y si a tal efecto resulta extensible la doctrina jurisprudencial (...) a la Guardia Civil». De esta forma, el pronunciamiento del Tribunal marcará el futuro laboral de miles de agentes elegidos por su idoneidad profesional en puestos de libre designación.

Sánchez Corbí denuncia en su recurso que su cese «fue ilegal por arbitrario». Centra sus alegaciones en la falta de argumentación en cuanto a su destitución y señala la situación que se padece en la Guardia Civil respecto a los funcionarios de libre designación. Sánchez Corbí fue destituido de manera fulminante por Grande-Marlaska después de que trascendiera un correo electrónico suyo en el que denunciaba la carencia de fondos reservados que podía afectar a operaciones en marcha. En aquel momento, el coronel estaba al frente de la Unidad Central Operativa (UCO), referencia en la lucha contra la corrupción.

En su recurso, Pérez de los Cobos además de insistir en la argumentación de Corbí sobre la necesidad de motivar los ceses, sin que las razones aducidas puedan ser falsas o ilegales -como califica en su sentencia el juez de lo Contencioso de la Audiencia Nacional los motivos esgrimidos por Interior en su cese-, apunta también otro de los asuntos polémicos del caso: Pérez de los Cobos fue cesado por no facilitar información al ministro sobre un asunto judicializado en el que la Guardia Civil «realizaba funciones de Policía Judicial expresamente ordenadas por un juzgado de instrucción» que, además, había pedido que no se informara a nadie. En concreto, se investigaba a altos cargos de la Administración sobre sus gestiones durante la pandemia.

Interior consideró que, a pesar de la orden impartida por la juez, el coronel debería haber informado con detalle de esa investigación porque, según comunicó la propia directora general de la Guardia Civil, «se trataba de un asunto muy importante para el Gobierno». Pérez de los Cobos estaba al frente de la Comandancia de Madrid.

Además, Interior denegó el ascenso a general de ambos coroneles en dos ocasiones pese a ser ambos los primeros de sus promociones en los resultados de las evaluaciones para el ascenso realizadas por toda la cúpula del Instituto Armado.

No son pocas las voces en la Guardia Civil que consideran que lo que decida el Supremo en estos asuntos «marcará un antes y un después en la institución». Porque interpretan que si el Alto Tribunal avala estas destituciones sin argumentos, dejará expuestos a todos aquellos que estén en destinos de libre designación. Recuerdan que la Ley de Personal de la Guardia Civil señala que la responsabilidad en la asignación de todos los destinos de libre designación corresponde al ministro del Interior y al secretario de Estado de Seguridad en el caso de puestos de mando o dirección, y al director en el resto de los casos.

Los ceses serán también competencia de estas mismas autoridades. En consecuencia, serán siempre responsables políticos, nunca profesionales de la Institución, los que tendrán a su alcance la decisión sobre miles de guardias. «Se podría producir un rígido sistema de control político si no se acuerda que los ceses tengan que ser argumentados», defienden fuentes de alto nivel en la Guardia Civil

GDH Digital - 2022