La cuenta atrás para que el Parlament suspenda a Laura Borràs como diputada ha empezado. El juez ha abierto juicio oral por corrupción a la líder de Junts, a quien la Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En su auto, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Carlos Ramos concluye que existe “una base indiciaria seria y consistente” para sostener que, presuntamente, Borràs cometió el fraccionamiento indebido de contratos, y da diez días a la presidenta del Parlament para presentar su escrito de defensa. La resolución ya es firme porque al no pesar ninguna medida cautelar ni Borràs, ni su amigo Isaías H. ni el tercer acusado pueden recurrirla.

La apertura de juicio oral por corrupción es el momento procesal que obliga, según el reglamento del Parlament, a suspender del cargo a un diputado. Aunque el reglamento es claro, Borràs ha insinuado que no se le debería aplicar este precepto ya que, a su juicio, al no estar acusada de malversación ya no es un caso de corrupción. Y promete dar batalla política.

La realidad sin embargo es que los delitos por los que está acusada Borràs (prevaricación y falsedad documental) sí son de corrupción, ya que castigan al cargo público que dicta una resolución injusta a sabiendas y al que elabora un documento mendaz. Además ambos constan en las estadísticas el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de los tipos penales relacionados con la corrupción.

Borràs siempre ha alegado que se trata de un caso de persecución política. En cambio para la Fiscalía los correos electrónicos del caso, que Borràs siempre se ha negado a comentar, muestran que la entonces directora de la ILC se concertó con su amigo Isaías H. para que recibiera 18 contratos a dedo, incluso hasta el punto de acordar la presentación de ofertas falsas en nombre de otras personas.

Entre los mensajes figura un correo electrónico en el que Borràs se dirige a Isaías H.: “Como tienen que hacerse tres presupuestos para cada una de las personas o empresas diferentes, yo había pensado que podríamos hacer que tú te presentes a los cuatro y solo ganas uno, el más económico de la serie (...). El resto se podría hacer con la empresa de Andreu y quizá con la cooperativa de Madrid”. “Envíame a mí los conceptos e importes aproximados y si conviene ya lo haré yo”, dice Borràs en otro correo.

Además, tal y como adelantó este diario, Borràs, en su etapa final al frente de la ILC, pidió a un funcionario todos los contratos con Isaías H., y cuando ya estaba fuera de la entidad le pidió que la avisara si los Mossos volvían a buscar documentación. Borràs también ha rechazado dar su versión sobre los audios al funcionario, así como sobre los informes de la Intervención de la Generalitat que alertaron sobre el exceso de contratos a dedo en la ILC.

A la espera de que Borràs formalice su escrito de defensa, el conflicto se traslada ahora del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al Parlament. Hasta ahora no se había tenido que aplicar a ningún diputado la suspensión por una acusación de corrupción, y las vías hasta la decisión definitiva son inciertas.

Borràs podría hacer un primer movimiento para intentar retrasar la suspensión, pero algún grupo de la oposición podría pedir su aplicación inmediata. En cualquier caso, la Mesa que preside Borràs es el primer engranaje de la maquinaria que se pone ahora en marcha. El órgano rector de la Cámara podría verse en una sesión extraordinaria para abordar únicamente el tema o bien esperar a una de las reuniones ordinarias que celebran cada semana a la vuelta de vacaciones.

GDH Digital - 2022