En España hay más de 11.000 mujeres policía y más de 5.000 guardias civiles, pero muy pocas disponen de un elemento crucial para acudir seguras al trabajo: un chaleco antibalas adaptado a su anatomía que les permita protegerse en los momentos de peligro.

De ese déficit dan cuenta multitud de denuncias públicas, la última de hace apenas hace dos meses: la Asociación Española de la Guardia Civil advirtió de que, con los planes de compra previstos por el Ministerio, las agentes iban a seguir en inferioridad de medios y, todo lo más, podrían protegerse con una prenda masculina.

Algo que incluso ha provocado sentencias condenatorias en guardias civiles por negarse a utilizar un chaleco masculino por razones de tamaño, como le ocurrió a una agente de la Guardia Civil de Salamanca cuando, en 2016, fue expedientada por utilizar una protección ajena al cuerpo que ella misma se compró para que se adaptara mejor a su anatomía.

Pero nada de ello ha provocado una reacción del Ministerio de Igualdad, tan rápido en denunciar agravios contra las mujeres salvo que, al parecer, formen parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y no puede alegar que desconocen el inmenso problema para ellas, a tenor de un documento del departamento de Irene Montero donde reconocen ser conscientes del agravio, pero confiesan que ni han hecho ni harán nada.

Así consta en un escrito al que ha accedido El Debate firmado por Ignacio Sola, subsecretario del Ministerio más polémico del momento, por la Ley de Libertad Sexual, cuyas lagunas están aprovechando cientos de delincuentes sexuales para reducir sus condenas o incluso salir anticipadamente de prisión.

En el mismo, el delegado de Montero reconoce literalmente que «hasta la fecha desde el Ministerio de Igualdad no se han llevado a cabo actuaciones para conseguir que las mujeres policías tengan los mismos elementos de protección que los hombres»

El documento del equipo de Irene Montero es todavía más sorprendente por lo que sí reconoce impulsar en los Cuerpos de Seguridad, muy alejado de las denuncias que periódicamente expresan sus representantes, pero muy alineado con el discurso de «guerra de géneros» que caracteriza a Igualdad.

«No obstante, desde el año 2018, el programa formativo Talentia 360. Mujeres directivas, a través del cual se desarrollan diversas iniciativas que contribuyeran al empoderamiento femenino, tanto relativas a la promoción a cargos directivos como al fomento de iniciativa emprendedora y el autoempleo, se vio ampliado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un importante respaldo de las Direcciones Generales de ambos cuerpos.

Adicionalmente, desde la pasada edición 2021/22, se incluyen seminarios sobre sesgos inconscientes de género dirigidos a mandos (hombres) de ambas direcciones generales».
Es decir, Montero no media ni insta a ningún ministerio a atender las necesidades básicas de las mujeres que patrullan calles y carreteras de toda España, pero, en cambio, defiende la impartición de talleres para reeducar a los mandos masculinos en los parámetros ideológicos defendidos por Igualdad.

No hicieron nada

El escrito del alto cargo del Ministerio de Igualdad sorprende especialmente porque, antes de ese destino, ejerció como Director General de Igualdad de Trato y Diversidad, un cargo en el que supuestamente se dedicaba a promocionar lo que ahora, en el caso de las mujeres policía y guardia civil, considera ajeno a su departamento, tras poner al Ejército y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado paradójicamente como ejemplos de «la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como principio informador del ordenamiento jurídico», según consta en el escrito del alto cargo nombrado por Montero.

En aquellas funciones que ostentó estaba incluida la de «coordinación de las actuaciones y medidas que, en el ámbito de la Administración General del Estado, contribuyan a la (…) igualdad de trato y la no discriminación»; que es justo lo que sufren las mujeres en comparación con los hombres en los Cuerpos de Seguridad.

La indiferencia de Montero hacia las mujeres policía o guardia civil contrasta con la histórica exigencia de elementos de protección que todas las asociaciones de agentes han hecho en los últimos años, especialmente en el caso de las féminas.

Y de ello da cuenta la reciente comparecencia en el Congreso de los responsables de ambos Cuerpos para comprometerse a la adquisición masiva de chalecos antibala: hasta 6.000 nuevas unidades para la Policía Nacional y un número indeterminado para la Guardia Civil, que dispondrá de 5.6 millones de euros para intentar arreglar un problema que a Irene Montero no le ha hecho ni pestañear.

La tibieza de Igualdad, que en el escrito al que ha accedido este periódico intenta escudarse en que son competencias ajenas de otros ministerios, contrasta con su rotunda participación en debates al margen de sus competencias: Montero no tiene reparo en hablar de asuntos sociales, de política exterior o de economía.

Indiferencia

Pero en el caso de las mujeres policía o guardia civil, la indiferencia o al menos la ausencia de gestiones ha sido galopante, a pesar de que los altos cargos del departamento reconocen que las agentes tienen derecho a la igualdad, citando literalmente párrafos de distintas leyes de cuyo cumplimiento, a continuación, se desvinculan.

«En cuanto a los trabajos desarrollados para conseguir la paridad en todos los aspectos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en el Ejército español, en primer lugar se informa de que tanto el artículo 6.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, como el artículo 5 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, y el artículo 3.3 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, recogen la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como principio informador del ordenamiento jurídico».

Tal vez la explicación a esta insensibilidad se encuentre en la escasa simpatía que, en general, muestran los dirigentes de Podemos hacia los Cuerpos de Seguridad, de lo que hay incontables ejemplos.

Uno de los más sonados tuvo lugar cuando, en un acto del Ministerio de Igualdad con motivo del «Orgullo 2021», un grupo representó una canción cuyo estribillo que decía textualmente «Pin, pon, fuera, a la Policía la queremos fuera».

El sindicato Jupol emitió entonces un comunicado denunciando «ataque inadmisible» y exigiendo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «una reprobación pública a la ministra de Igualdad». Y reclamando «a la señora Montero una disculpa pública a todos los agentes de la Policía Nacional y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado» .

Nunca llegó. Tampoco, de momento, los chalecos antibala «inclusivos».

"GDH Digital" - Diario Policial

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