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Ayuso pagará 10,8 millones a Interior para que guardias civiles en Reserva protejan los edificios oficiales hasta 2026

El presupuesto de la Comunidad incluye la compra de dos vehículos y la cesión de otros dos para la prestación del servicio que prestarían guardias civiles en situación de "reserva".

Nacional 13/09/2022 GDH Digital GDH Digital
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La Comunidad de Madrid transferirá 10,8 millones de euros al Ministerio del Interior hasta mediados de 2026 para que la Guardia Civil siga prestando labores de vigilancia y protección en los edificios públicos de la región sin merma de efectivos y manteniendo los turnos como hasta ahora. El presupuesto incluye la compra de dos vehículos y la cesión de otros dos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el convenio firmado el pasado 30 de junio por el viceconsejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que regulará la prestación de dicho servicio durante los próximos cuatro años. La fórmula elegida en esta ocasión ha sido la encomienda de gestión, lo que ha permitido ampliar el presupuesto y evitar una disminución de la plantilla tras incrementarse el coste por la subida derivada del acuerdo de equiparación salarial.

La vigilancia de las instalaciones públicas corre a cargo de personal de reserva de la Guardia Civil, situación a la que pasan los agentes antes de alcanzar la edad de retiro. El dinero que libra el Gobierno de Díaz Ayuso cubrirá la diferencia retributiva correspondiente a la reserva con destino y el complemento de productividad que se fije atendiendo a la peculiaridad de los puestos de trabajo.

Según se detalla en el convenio, consultado por este diario, la Comunidad de Madrid abonará 1.011.813,30 euros en 2022 (desde julio a noviembre), 2.656.229,78 euros en 2023, 2.708.554,37 euros en 2024, 2.721.925,45 euros en 2025 y 1.681.144,71 en 2026 (hasta junio), lo que totaliza 10.779.667,61 euros y un coste diario de 7.383,33 euros. Los efectivos adscritos al servicio se acompasarán al presupuesto disponible en cada anualidad, sin que se contemple un incremento durante el periodo de vigencia.

La dotación económica incluye también un gasto máximo de 40.000 euros para la adquisición de dos vehículos que se pondrán a disposición de la Guardia Civil para prestar el servicio y que serán de características similares a los que utiliza el Cuerpo. Éste correrá con los gastos de la matriculación, seguro, combustible y mantenimiento una vez que se pongan a su disposición, estando previsto que uno de los coches se destine «preferentemente» al destacamento del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE). Ubicado en la carretera de Colmenar Viejo, este centro ocupa las instalaciones de la antigua Academia de Policía Local.

Al margen del dinero, la Comunidad de Madrid determinará los edificios a vigilar, facilitará la información sobre las instalaciones en las que se prestará el servicio de vigilancia, facilitará los medios para el desempeño de dichos cometidos y pondrá a disposición de la Guardia Civil dos de los turismos que integran su flota actual, haciéndose cargo íntegramente de los gastos que estos generen.

Por su parte, el Ministerio del Interior se compromete a constituir en la Comunidad de Madrid «destacamentos específicos» -encuadrados en una unidad tipo compañía con dependencia orgánica y funcional del mando correspondiente- para garantizar el cumplimiento del objeto del convenio. «El horario, jornada de servicio, régimen de vacaciones y permisos del personal destinado se adecuará a la normativa que resulte aplicable en cada momento a la Guardia Civil», detalla el documento.

La Dirección General de la Guardia Civil anunciará las vacantes que se vayan produciendo a fin de que los puestos de trabajo estén permanentemente ocupados por agentes en situación de reserva que soliciten estos destinos de forma voluntaria, seleccionando al personal «más idóneo» que cumpla las exigencias requeridas. Al frente de la compañía estará un capitán, cuyo nombramiento requerirá el informe favorable de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid.

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