El asesino se declara insolvente y el gobierno socialista se desentiende de la indemnización que corresponde a la viuda e hijos del agente
Nacional - Política20/07/2023
GDH Digital
El gobierno socialista se niega a asumir el pago de la indemnización de 334.000 euros a la familia del guardia civil José Manuel Arcos, asesinado de un disparo en 2018 por el delincuente Juan Antonio M. G., apodado Kiki. La Sección Primera de la Audiencia de Granada fijó la citada compensación económica para la familia del agente, pero el criminal se declaró insolvente y ahora Interior deja desamparada a al viuda del agente, desentendiéndose de la indemnización.
Según recogió El Periódico el pasado domingo, el Ministerio de Interior emitió una resolución contraria al expediente administrativo iniciado por la viuda, dejándola en absoluta indefensión. El abogado de Raquel Pérez, la viuda del agente, confía en que el recurso que ha presentado ante la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional sirva para atender las reclamaciones de la familia, porque existe jurisprudencia al respecto.
La viuda del guardia asesinado lleva pleiteando años para obtener la indemnización y el gobierno socialista, aún sabedor de su posible derrota judicial, ha elegido alargar al máximo el proceso generando dolor adicional e innecesario a una familia que ha sufrido semejante pérdida.
Si por algo se ha caracterizado la atroz legislatura de Sánchez y sus compinches parlamentarios ha sido por la creciente indefensión y criminalización de servidores de la sociedad, como policías y guardias civiles.
En ese sentido, desde el maltrato salarial, hasta la falta de medios -con el consiguiente costo humano-, han formado parte de la acción de un gobierno y un ministerio del Interior que miran para otro lado ante la avalancha criminal que sufre España, centrados en politizar las cúpulas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Permitir que a una viuda y los hijos de un agente asesinado en acto de servicio tengan que afrontar un calvario judicial -de tribunal en tribunal durante años para obtener una indemnización-, demuestra que, a pocos días de su desalojo del poder, sujetos como Sánchez y Marlaska aprovechan hasta el último minuto en el gobierno para dañar a su propio país.
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