La Policía recibe órdenes políticas para cargar contra los manifestantes en Ferraz

Para entender lo que ha ocurrido la mayoría de las noches en las concentraciones frente a la sede del PSOE en Ferraz, donde las unidades de intervención policial (UIP), comúnmente llamados antidisturbios, han utilizado gases de dispersión, hay que dirigir el foco hacia nuestro modelo policial y analizar hechos anteriores comparables.

En Madrid hacía muchos años que no se utilizaban gases lacrimógenos para dispersar, una medida de última ratio prevista para situaciones de auténtico caos. La indignación de los concentrados, la inmensa mayoría familias pacíficas y ancianos, ha provocado un catarata de reacciones en todas las esferas de nuestra sociedad.

La última vez que se autorizó por la superioridad el uso de este tipo de material fue en 2014, durante una las denominadas Marchas de la dignidad, cuando grupos de extrema izquierda convirtieron Madrid en una zona de guerra con mas de 100 heridos, entre ellos 67 policías. A pesar de la batalla campal de aquel sábado, con escenarios de guerrilla urbana propios de la Kale Borroka en el País Vasco de los años 80 y 90, se tardó horas en autorizar el artificio triple lacrimógeno, mucho más lesivo que el fumígeno habitual, y no fue hasta después de que se produjeran muchos heridos.

Para encontrar una explicación a lo del lunes, hay que volver la vista hasta esos sucesos de 2014: aquel sábado, las órdenes de «aguantar» que recibían las grupos operativos a pie de calle por la malla de comunicaciones se prolongaron durante horas, poniendo en serio riesgo la integridad física de muchos policías. Además, un hecho conmocionó a estas unidades de élite de la Policía Nacional, cuando un subgrupo entero, el famoso Puma 70, fue abandonado a su suerte en mitad de la batalla a pesar de que había 20 grupos desplegados por el perímetro. Aquel acto de cobardía frente a los radicales de extrema izquierda llegó a comprometer vidas, y los antidisturbios se manifestaron a la puerta de su base en Moratalaz, impidiendo la salida de la furgoneta del jefe de las unidades (JUIP), que acabó siendo zarandeada en la puerta del complejo policial, provocando una escena que abrió todos los telediarios.

Pues bien, ante una actuación así, tan nefasta para ciudadanos y policías, pero tan servil con el Gobierno, en aquel entonces del Partido Popular, muy temeroso de que las cargas les pasaran factura, lo lógico hubiese sido la depuración de responsabilidades al más alto nivel. La realidad fue otra muy distinta.

El máximo responsable de las unidades de intervención policial en aquellos días, José Miguel Ruiz Iguzquiza, fue recompensado poco después con una medalla pensionada y años más tarde, ya con un gobierno del PSOE, destinado a la embajada de Moscú, la que tiene los salarios más altos de toda Europa. El responsable de la primera unidad de UIP (Madrid), Francisco Javier Virseda, que terminó siendo el único cesado —fuentes policiales nos afirman que hubo un pacto para dejarle caer con la promesa de un premio posterior por asumir la responsabilidad en solitario—, acabaría destinado en la embajada de Santiago de Chile, donde triplicaría su sueldo; y el comisario general de seguridad ciudadana, Florentino Villabona (mando superior de los dos anteriores), acabaría ocupando un puesto como director de seguridad en la liga de fútbol profesional, no sin antes haber sido designado director adjunto operativo de la Policía Nacional (el puesto más alto entre los uniformados).

Lo que se desprende de todo lo anterior es que, con independencia de la actuación policial, el servicio al poder político es recompensado, mientras que la desobediencia conlleva un coste elevado. Sin un cambio del modelo policial será difícil encontrar mandos dispuestos a desobedecer órdenes políticas, precisamente porque los cargos en la cúspide de la pirámide policial se escogen por libre designación. Si al Ejecutivo le favorecía el otro día generar tensión, sobre todo después de la presencia a pie de calle del presidente de VOX, Santiago Abascal, ordenar la escalada en el despliegue de medios antidisturbios podría beneficiar a esa estrategia.

La decisión final la toman 2 o 3 personas

Fuentes policiales consultadas nos explican que la decisión de utilizar unos medios u otros la toman entre dos o tres personas, siendo uno siempre el jefe del operativo, en contacto permanente con el actor político; y que el agente a pie de calle no puede contradecirlas, porque su visión del escenario se limita a lo que tiene en frente a apenas unos metros. En las unidades de intervención, donde por pura supervivencia se actúa en bloques y nunca individualmente, la valoración de la escena en su conjunto surge de la información dada por los diferentes jefes de grupo, los policías de información desplegados y el helicóptero.

Todo eso da una visión global de la violencia realmente desplegada por los manifestantes y permite tomar una decisión, pero esa información en su conjunto solo la tiene el cuadro de mando, por lo que el agente de a pie confía en que las órdenes recibidas por la malla de transmisiones son proporcionadas.

Fuente original

"GDH Digital" - Diario Policial

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