La Policía encuentra las dos instrucciones que Oltra niega y que la obligaban a proteger a la menor abusada

Aparecen dos circulares que obligaban a Oltra a dar credibilidad a la menor abusada por su entonces marido y a activar el protocolo de protección.

Nacional - Política 23/06/2022 GDH Digital GDH Digital
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Mónica Oltra

La defensa de Mónica Oltra puede tener problemas adicionales. El titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, mantiene abierta una pieza secreta en la causa que afecta a la ya exvicepresidenta y exconsejera valenciana de Compromís. Todo, por supuesto, en relación con varios delitos derivados del presunto encubrimiento de los abusos sexuales que cometió su entonces marido, Luis Ramírez Icardi, a una menor tutelada de 14 años.

La Policía ha llevado a cabo una de las órdenes dictada por el juez: la entrada en la sede de la hasta hace nada Consejería de Oltra. Y allí ha encontrado las dos instrucciones que obligaban a Oltra a dar credibilidad a la menor a abusada y actuar de inmediato. La defensa de Oltra ha esgrimido que no existía ese protocolo de actuación. Y no sólo existe, sino que estaba en la propia sede.

El instructor ordenó este lunes a la Policía Judicial registrar la Consejería de Igualdad.

Concretamente, la que ocupa la Dirección Territorial de Valencia, para que se intervinieran todos los expedientes relativos a la menor que sufrió abusos. La diligencia fue acordada después de que la asociación GOBIERNA-TE, cuya querella originó la causa, presentara un escrito solicitando una serie de actuaciones.

Los agentes registraron las dependencias durante más de ocho horas recabando toda la información solicitada por el Juzgado. Principalmente, la documentación original referida a la menor y las comunicaciones telemáticas contenidas en los servidores de la Administración durante todo el año 2017.

Aparecen las dos circulares que Oltra negaba

Y allí han aparecido las dos circulares que obligaban a Oltra a hacer lo que no hizo. A dar credibilidad desde el minuto uno a la menor abusada por su entonces marido y a activar todo un protocolo de comunicación interna de lo ocurrido a las autoridades para zanjar de inmediato todo peligro de continuidad en los abusos. Las dos instrucciones fueron negadas durante mucho tiempo. Según la versión de Oltra, no tenía que hacer otra cosa que lo que hizo.

Pero dos textos contradicen por completo su versión. Una instrucción de 12 de julio de 2004 y otra de 30 de mayo de 2013. Ambas estaban obviamente en vigor. Porque la menor denunció los abusos en el año 2017. La primera de las instrucciones procedía de la Dirección General de Familia, Menor y Adopciones. Y no podía ser más directa: "Instrucciones relativas a la comunicación de hechos e incidentes relevantes en centros residenciales de protección de menores de la Comunidad Valenciana", se titulaba el documento.

Allí se señala que, "en ocasiones, en los establecimientos que acogen a menores con medidas de protección, se producen hechos o incidentes de relevancia que exceden del normal funcionamiento de un centro de estas características. La naturaleza y origen de estos hechos o incidentes pueden ser de distinta índole. En este sentido los menores residentes pueden ser tanto sujetos activos de los hechos (altercados, ausencias prolongadas no justificadas...), como sujetos pasivos (asistencias médicas de urgencia, accidentes...), o bien pueden derivar de actuaciones o comportamientos del personal trabajador del centro en infracción o extralimitación de sus funciones (faltas, manifestaciones...), e incluso éstos también pueden ser sujetos pasivos de los acontecimientos (accidentes laborales graves...), y finalmente pueden ocurrir sucesos que afectan al establecimiento por causas accidentales o por intervención de terceras personas (robos, incendios…)".

Evidentemente, las "actuaciones o comportamientos del personal trabajador del centro en infracción o extralimitación de sus funciones", englobaban los abusos a una menor de forma superlativa.

Y, en esos casos, la instrucción señala con rotundidad que "la Consejería de Bienestar Social, como órgano de la administración de la Generalitat Valenciana que tiene atribuidas las competencias en materia de protección de menores, le corresponde el ejercicio de las funciones inherentes de protección de los menores cuya guarda y tutela haya asumido, así como el control y supervisión del funcionamiento de los centros de protección de menores que actúan en el ámbito de la Comunidad Valenciana, debiendo en este sentido estar siempre puntualmente informada de cualquier incidente de importancia que afecte al menor, a su personal o al centro".

La instrucción pasaba a la parte práctica.

Y recogía un protocolo blindado "con el fin de garantizar un conocimiento inmediato por la entidad pública competente en materia de protección de menores, de los hechos e incidencias de relevancia". Ese protocolo exigía, por supuesto, la comunicación "a la Dirección Territorial de la Consejería de Bienestar Socialde la que dependan"; que debía activarse el mecanismo "de forma inmediata por el director o personal del centro, a través de escrito remitido por fax o mediante contacto telefónico, asegurando en todo caso la recepción del contenido de la información"; y recogía los teléfonos del "Móvil Guardia Medidas judiciales" dentro de los contactos inmediatos y prioritarios.

De haberse cumplido el protocolo, la Policía debía haber sido informada por esos organismos.

Segunda instrucción: comunicación inmediata
La segunda instrucción encontrada en la sede era de 30 de mayo de 2013. Procedía de la Dirección del Menor. Y venia a reforzar el procedimiento dejando constancia de la necesaria "Información a la Dirección General del Menor: La Dirección Territorial de Bienestar Social de forma inmediata a recibir la información del hecho o incidencia producido, dará cuenta del mismo a la Dirección General del Menor mediante móvil a alguno de los siguientes números de teléfono: Móvil Guardia Medidas judiciales. Móvil Subdirección. Móvil Servicio (acogimiento residencial). Móvil Servicio (acogimiento familiar). Móvil Servicio (medidas judiciales). De hecho, esta instrucción derogaba "la Instrucción 6/2004, de 12 de julio de 2004, de la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones, relativa a la comunicación de hechos e incidentes relevantes en centros residenciales de protección de menores de la Comunidad Valenciana".

En esta segunda instrucción, la inclusión del caso de abusos del entonces marido de Mónica Oltra aún era más expresa: exigía la comunicación inmediata en "hechos en que los menores residentes o usuarios del servicio puedan ser tanto sujetos pasivos, víctimas de accidentes graves, delitos o faltas graves, o sujetos activos autores de agresiones o incidentes graves".

Pero Mónica Oltra llegó a comparecer ante el Parlamento valenciano para afirmar que todo es una cacería política. Y ello, pese a que en su Consejería de Oltra eludió las exigencias de más controles sobre los abusos hasta el mismo cierre de 2021. Oltra, de hecho, sólo aceptó la exigencia de más controles en los centros tutelados tras desvelar el PP un total de 175 casos adicionales de denuncias de abusos sexuales a menores tutelados.

Los informes que muestran estos datos proceden del Defensor del Pueblo valenciano (Sindic de Greuges) y relatan toda una lucha de Oltra para evitar el aumento de controles sobre los abusos a menores tutelados. El informe señaló, de hecho, que "recibidas las alegaciones (...), el Sindic de Greuges emitió resolución (11/11/2021) en las que se emitían las siguientes consideraciones" sobre la necesidad de más controles que evitasen los abusos a menores tutelados.

La primera recomendación pedía "la elaboración de la estrategia autonómica de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia que debería formar parte de la Estrategia Valenciana de la Infancia y Adolescencia, prevista en el artículo 5 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia, cuya elaboración y publicación viene siendo recomendada desde hace años, en las resoluciones de esta institución". Y durante todos esos años, el Sindic de Greuges ha seguido comprobando que no se cumplía su petición.

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