Dos cartas manuscritas del etarra José Javier Arizcuren, alias ‘Kantauri’, exjefe del aparato militar de ETA, fechadas entre julio y septiembre de 1997, y dirigidas al comando de Vizcaya, demuestran que la cúpula de ETA era quien daba las órdenes de secuestrar y matar en esa época a concejales del Partido Popular y del PSOE. Todo ello, según indican estos documentos, para forzar al Gobierno a revertir su política de dispersión con los presos de la banda terrorista, que entonces cumplían penas en cárceles alejadas a cientos de kilómetros del País Vasco.  

Las misivas, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, forman parte del informe que ha realizado la Guardia Civil, a petición del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha reabierto el caso del asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco e investiga por el mismo a nueve exdirigentes de ETA, tras admitir una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia el pasado mes de marzo. 

Para los Servicios de Información del Instituto Armado, según diseminan en sus pesquisas, estas cartas, entre otras pruebas, dan cuenta de la responsabilidad que tuvieron los exjefes de ETA en los años noventa José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’; Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; Ignacio Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’, y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, en el asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya), del que este jueves se cumplen 25 años. Del mismo modo que la tuvo el comando Donosti, encargado por estos últimos de materializar el crimen y cuyos miembros fueron condenados por ello a principios de los 2000 en la Audiencia Nacional.

Los investigadores acreditan en su informe que los cuatro dirigentes «planificaron, dirigieron, gestionaron y ordenaron» la materialización del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco; y que el comando lo hizo «en cumplimiento de una orden directa y expresa de la citada cúpula terrorista, entonces conocida como «comité ejecutivo».

«Darle en la cabeza»

Uno de los puntales que sostiene la acusación del Instituto Armado a los cuatro exjefes de ETA, aunque la querella de Dignidad y Justicia también va contra los también antiguos jefes de la banda Asier Oyarzabal, Juan Carlos Iglesias Chouzas, ‘Gadafi’, Vicente Goicoechea Barandiaran, Jokin Echevarría y Carlos Ibarguren, son las mencionadas cartas manuscritas que uno de ellos, José Javier Arizcuren Ruiz, envió a los etarras del comando Vizcaya en 1997, año en el que la banda asesinó al concejal del PP. 

En la primera de ellas, fechada en julio de 1997 según la Guardia Civil y que fue intervenida con ocasión de la desarticulación del citado comando, el entonces jefe del aparato militar daba instrucciones a éstos sobre «los objetivos» que debían perseguir: «La importancia de este momento es inmensa, lo que os pedimos es que las acciones que realicéis sean directas contra la Guardia Civil, militares, Policía Nacional y un esfuerzo enorme con los políticos. Es muy importante darle a los políticos del PP. Deciros que cualquier político del PP es un objetivo».

«Repetiros lo importante de estas acciones», insiste ‘Kantauri’ en todo momento, sobre las directrices existentes sobre miembros del Partido Popular. No obstante, después, hace una mención más exacta: «Otra cosa, poner toda la fuerza posible en levantar a un concejal del PP, dando un ultimátum de días para que los presos estén en Euskadi». «En relación a este tema (secuestro) hacerlo lo antes posible, y si no podéis secuestrarlo o hay un problema en el intento, le dais en la cabeza y a por otro. Esto lo vamos a ganar», les anima el exdirigente etarra. 

En este sentido, les anima «a seguir la línea que hemos comenzado», haciendo referencia a secuestros. «Tenemos que ver lo importante de dar directamente a los políticos y el tema de los secuestros. Sobre todo el tema de los secuestros de concejales, dar a políticos del PP. Esfuerzo necesario para atacar a los objetivos que os comento», insiste por enésima vez José Javier Arizcuren Ruiz.

En la otra misiva, fechada en septiembre de ese mismo año, y una vez perpetrado el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el exjefe de ETA vuelve a incidir en los mismo objetivos: «Con el tema de los concejales y los políticos, me imagino que en el mes de agosto habréis tenido problemas para encontrarlos por las vacaciones, pero volveos a insistir sobre la importancia de este tipo de acciones. Poned toda vuestra fuerza, ganas y militancia en encontrar un concejal del PP (…) Dedicación a este tema, si no podéis un secuestro, darle en toda la cabeza. Darle caña lo más fuerte que podáis». 

En 1997 el secuestro del concejal del PP «era una prioridad absoluta para la Dirección de ETA». Una acción que debía realizarse precisamente en el verano de ese año y «lo antes posible», según figura en los documentos previamente descritos del dirigente de la organización terrorista a sus comandos. De hecho, esa orden no solo se remitió al comando de Donosti, quien materializó finalmente el asesinato de Miguel Ángel Blanco, sino también al «comando de liberados de Bizkaia y de Andalucía», asegura el Instituto Armado. 

Confrontación constante

Por otro lado, en el informe remitido a la Audiencia Nacional, la Guardia Civil enmarca la decisión de acabar con el concejal de Ermua dentro de una nueva estrategia político-militar que tomó la organización terrorista, tras el golpe policial que supuso la detención de la cúpula de ETA en Bidart (Francia) en 1992, en la que su prioridad «era la confrontación constante con el Gobierno de España a todos niveles para «desestabilizarlo con mayor intensidad».

Una decisión que tomó entre 1993 y 1994 el ya entonces nuevo comité ejecutivo de la banda, del que ya formaban parte ‘Kantauri’, ‘Mikel Antza’; ‘Iñaki de Rentería’, y María Soledad Iparraguirre. Esta estrategia «incluía el señalamiento de cargos políticos del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como principales objetivos de las acciones terroristas. Tras lo que, los dirigentes, en el uso de «un nuevo procedimiento» ordenaron el secuestro del edil  del PP bajo la amenaza de asesinato si el Gobierno no accedía a las exigencias de ETA. 

«Improbable»

Para los investigadores, teniendo en cuenta el funcionamiento interno de ETA desde sus orígenes criminales, es altamente «improbable, inimaginable y prácticamente fuera de cualquier razonamiento lógico, que una acción terrorista como la que fue llevada a cabo contra el concejal del Partido Popular, su secuestro y su posterior asesinato, fuese llevado a cabo por un comando de ETA sin que mediase una decisión y una planificación previa, así como órdenes concretas y específicas, emanadas de la principal estructura directiva de ETA».

La «capacidad de acción y de dominio» que los integrantes del comité ejecutivo tenían sobre todas las estructuras de la organización, en el momento del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, dice el informe policial, es evidente. Por lo que la decisión de llevar a cabo la acción terrorista no fue fruto de una decisión tomada por algún miembro concreto. Sino que requirió del «consenso, de la toma de una decisión adoptada de forma colegiada por todos los integrantes del ZUBA». «El alcance, la repercusión y las consecuencias» de la acción terrorista «así lo requería».

Además, como refuerzo a lo expuesto, los investigadores recuerdan que en el fallo de la Audiencia que condenó a los integrantes del comando Donosti, Javier García Gaztelu, Iratzu Gallastegui Sudupe y José Luis Gueresta Mugica, por el asesinato del concejal de Hermua, en el tribunal consideró que los terroristas llevaron a cabo el crimen siempre siguiendo las instrucciones recibidas de la «Dirección de ETA».

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