Urkullu libera a una etarra embarazada en contra del criterio de la Fiscalía

María Lizarraga, la ex miembro de ETA que fue sorprendida por la policía francesa en 2008 con pistolas, artefactos explosivos y documentación de la banda, disfruta ya del tercer grado con un control a través de una pulsera telemática. Lizarraga cumplía condena en la cárcel de Zaballa (Álava), a donde fue trasladada en enero de 2022 por estar embarazada. Seis meses después, la condenada por terrorismo no ha sido trasladada al nuevo módulo de madres habilitado por el Gobierno de Urkullu en la prisión de Martutene, sino que ya se encuentra en la calle. Organizaciones que velan por los derechos de los «presos condenados por motivación política» aplauden la política penitenciaria del Gobierno de Urkullu frente la «posición obstruccionista» de jueces de la Audiencia Nacional.

El Gobierno vasco ha autorizado que María Lizarraga cumpla su condena fuera de la cárcel, decisión administrativa que ha sido recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Lizarraga fue trasladada a la cárcel de Zaballa en enero en una ambulancia cuando se encontraba embarazada de tres meses, un procedimiento excepcional que la ex miembro de ETA estrenó y que, según fuentes penitenciarias, no ha vuelto a utilizarse con ninguna reclusa.

Tras el traslado de Lizarraga a la cárcel alavesa, el asesor penitenciario y juez Jaime Tapia se reunió con responsables de la prisión de Martutene en San Sebastián para adecuar uno de los módulos de esta prisión como espacio para madres con niños. La consejera Beatriz Artolazabal adelantó el pasado 20 de mayo la presentación de este módulo maternal cuando aún no habían concluido las obras, pero, según confirmaron fuentes del Gobierno vasco, la instalación ya está disponible para su uso por las internas.

Pese a ello, el Ejecutivo de Urkullu ha optado por poner en libertad a Lizarraga, que ya tuvo una hija en prisión fruto de su relación con el también miembro de ETA Iñigo Gutiérrez. Los dos reclusos, apoyados por colectivos afines al colectivo de presos EPPK, han solicitado finalizar sus condenas en tercer grado para ocuparse de la educación de su hija Izadi, que en enero cumplió tres años de edad, el límite establecido por la ley para vivir con sus progenitores en la cárcel.

Gutiérrez logró el tercer grado el pasado mes de febrero, pero la Audiencia Nacional revocó una decisión adoptada por Instituciones Penitenciarias y se encuentra cumpliendo sus últimos meses de condena en la prisión de Zaballa.

En la actualidad, 22 presos de ETA ya disfrutan del tercer grado que, en su gran mayoría, les facilita cumplir sus condenas en sus domicilios sin acudir a las cárceles vascas. El Foro Social Permanente que vela por los derechos de los presos de ETA reconoció ayer que desde una entrevista concedida por Pedro Sánchez en mayo de 2018 «se ha avanzado mucho», especialmente en el acercamiento de etarras al País Vasco y Navarra y la transferencia de las prisiones al Gobierno de Urkullu.

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