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El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Jean Richard de la Tour, ha dado la razón al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y ha despejado el camino para la ejecución de la euroorden por sedición y malversación contra el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, y contra sus exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín, fugados en Bélgica desde octubre de 2017.
En un dictamen publicado este jueves, De La Tour sostiene que Bélgica no puede denegar la entrega de Puigdemont basándose en el riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo si no se demuestran deficiencias sistémicas en el sistema judicial de España. Y en España no existen deficiencias sistémicas en materia de Estado de derecho, tal y como ha dicho la Comisión Europea y reconoce incluso Bélgica.
El dictamen del abogado general no es vinculante, pero el TJUE sigue sus recomendaciones en un porcentaje muy elevado de los casos (alrededor del 80%). La sentencia definitiva se conocerá después del verano. Si confirma esta interpretación, los jueces de Bélgica que tramitan el caso Puigdemont estarán obligados a aplicarla ya que es vinculante.
En todo caso, la euroorden de Llarena contra el expresidente catalán está ahora mismo paralizada por su inmunidad como eurodiputado. El Parlamento Europeo aprobó el suplicatorio en marzo del año pasado, pero el expresidente catalán ha presentado un recurso ante el TJUE que todavía está pendiente de resolución. El TJUE le ha devuelto a Puigdemont la inmunidad de forma temporal a la espera de sentencia definitiva.
El dictamen del abogado general se refiere al caso del ex conseller fugado en Bélgica Lluis Puig, que al no ser eurodiputado no gozaba de inmunidad y cuya euroorden se tramitó por ello más rápido.
El Tribunal de Apelación de Bruselas denegó la entrega de Puig en enero de 2021 con el argumento de que el Tribunal Supremo no era el competente para examinar su caso y de que se había vulnerado el riesgo a la presunción de inocencia. Confirmó así el veredicto en primera instancia de la Cámara del Consejo, que también había rechazado la entrega. La justicia belga esgrimió en su fallo el dictamen del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU sobre los casos de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras.
Tras conocer la decisión, Llarena decidió llevar el caso al TJUE para tratar de evitar una resolución similar de la justicia belga en los casos de Puigdemont, Ponsatí y Comín, cuyas euroórdenes se habían paralizado por su inmunidad como eurodiputados. El juez del Supremo ha preguntado también a la justicia europea si puede emitir una nueva euroorden contra Puig.
Vías de recurso en España
Según el abogado general del TJUE, una autoridad judicial no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en el riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo de la persona reclamada si no se demuestra la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten al sistema judicial del Estado miembro emisor.
"Si no existen deficiencias de tal naturaleza, no cabe fundar una denegación de la ejecución en la alegación de que el tribunal emisor carece de competencia para dictar esa orden y para enjuiciar a la persona reclamada", señala el dictamen.
A este respecto, el abogado general subraya que Puigdemont y sus exconsellers fugados en Bélgica "tienen a su disposición vías de recurso en el Estado miembro emisor (España) al objeto de que se controle, hasta el nivel del Tribunal Constitucional, la observancia de ese derecho fundamental" a un proceso equitativo.
Si no hay riesgos sistémicos en el funcionamiento del sistema judicial en España, una comprobación en profundidad por parte del juez belga de la existencia de un riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo "no sería sino la expresión de una desconfianza hacia los tribunales de ese Estado miembro, contraria a los principios de confianza y de reconocimiento mutuos que forman los cimientos" de la euroorden.
Finalmente, el abogado general apoya que Llarena pueda emitir una nueva euroorden contra Lluis Puig. "El objetivo de luchar contra la impunidad aboga efectivamente en favor de la posibilidad de que se emitan contra la misma persona varias órdenes de detención y entrega dirigidas a la misma autoridad judicial de ejecución al objeto de procesarla penalmente o de ejecutar la pena que se le haya impuesto", asegura.
"Imponer un límite al número de euroórdenes que pueden librarse supondría poner en entredicho la efectividad del sistema de cooperación judicial y debilitar los esfuerzos encaminados a sancionar de manera efectiva las infracciones dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia", concluye el dictamen.
