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La Audiencia considera que lanzaron los insultos en redes sociales "con pleno conocimiento" de que la víctima era un menor, enfermo de cáncer y gran aficionado a los toros
Tribunales 03/08/2022 GDH DigitalLa Audiencia provincial de Valencia ha condenado a las tres personas que escribieron mensajes ofensivos en redes sociales y desearon la muerte a un niño enfermo de cáncer que quería ser torero a una multa de 720 euros y al pago de 3.000 euros al representante legal del menor.
El fallo de la sección cuarta de la Audiencia provincial estima así el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal y la acusación particular contra su absolución en una primera vista.
Esta causa fue abierta inicialmente por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira (Valencia) a raíz de los comentarios ofensivos dirigidos en redes sociales al niño Adrián Hinojosa contra tres tuiteros: una mujer de Éibar que reside en Elgóibar (Guipúzcoa), un joven ecuatoriano residente en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y otro gaditano que reside en Valencia.
"¿Que qué opino? Yo no voy a ser políticamente correcta. Qué va. Que se muera, que se muera ya. Un niño enfermo que quiere curarse para matar herbívoros inocentes y sanos que también quieren vivir. Anda yaaaa. Adrián, vas a morir", soltó al día siguiente del evento la vecina de Eibar, Eizpea Etxezarraga, quien dio de baja su cuenta de Twitter y logró borrar su comentario ante el alud de críticas que le llegaron de otros usuarios de la red.
Tras un costoso proceso para identificar su cuenta, fue detenida semanas después por la Guardia Civil de San Sebastián. Entonces se negó a declarar, pero luego, ante el juzgado, defendió que ese comentario lo había hecho únicamente para un grupo reducido de personas y que alguna de ellas lo hizo circular en la red.
A través de su cuenta, Bryan Eduardo Salinas, de 21 años y nacido en Ecuador, soltó, por su lado: “Patético es que defendéis a un niño que prefiere matar a un animal, ojalá el Adrián mate a vuestra madre y se muera”. Fueron los padres del menor, al leer estos y otros comentarios deseando la muerte de su hijo, los que presentaron una denuncia ante la Guardia Civil. Toreros famosos se solidarizaron con el niño al conocer que estaba siendo denigrado en las redes.
En septiembre de 2019 el titular del Juzgado de lo Penal 2 de Valencia dictó sentencia absolutoria contra los tres procesados al no apreciar delito de incitación al odio, contra la integridad moral ni de injurias graves.
Los mensajes fueron escritos en octubre de 2016, tras la celebración de una corrida benéfica que tenía como finalidad recaudar fondos para Adrián, que entonces tenía 8 años, y quien falleció seis meses después a causa de su enfermedad.
Aunque el juez calificó algunas de las expresiones vertidas de "deleznables" o "repulsivas", no apreció en ellas un delito de incitación al odio, contra la integridad moral ni de injurias graves, contrariamente a lo que sostenían, según el caso, la Fiscalía, la acusación particular y la acción popular, que pedían penas de entre uno y tres años de prisión para los implicados.
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia estimó los recursos de la Fiscalía y de las acusaciones, anuló la sentencia absolutoria y ordenó la celebración de un nuevo juicio con diferente tribunal.
La Audiencia considera, en un fallo fechado el 20 de junio, que los tres acusados lanzaron los insultos en las redes sociales "con pleno conocimiento" de que la víctima era un menor de edad, enfermo de cáncer y un gran aficionado a los toros.
Añade que "no cabe ninguna duda" de que los acusados, usuarios de las redes sociales, "eran plenamente conocedores de las consecuencias" de los insultos, "meditadas o no".
Indica asimismo que, con el reconocimiento en el juicio de la gravedad de sus acciones y el arrepentimiento expresado en el mismo, "están revelando la conciencia que tenían de la antijuricidad y el desvalor social de su conducta".
Por todo ello, revoca la sentencia del juzgado de lo penal número 2 de Valencia y condena a los tres acusados como autores criminalmente responsables de un delito contra la integridad moral, a la pena, a cada uno de ellos, de una multa de 120 días, con una cuota de 6 euros diarios.
También al abono de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, y al pago, por parte de cada uno, de 3.000 euros al representante legal del menor por los perjuicios y daños morales ocasionados.
"GDH Digital" - Diario Policial
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