Seguridad Nacional exige reforzar el control de Ceuta y Melilla ante la sumisión de Sánchez a Marruecos

Pedro Sánchez aseguró que la cesión del Sáhara garantizaba el buen entendimiento con Marruecos, el control de la inmigración y aseguraba la integridad territorial de Ceuta y Melilla como lo que son: plazas españolas. Pues bien, por lo visto, los primeros que no las tienen todas consigo son los responsables del departamento de Seguridad Nacional del propio Gobierno, que acaban de presentar su informe de cierre de 2021 con los retos para 2022 y reclaman un mayor control de Ceuta y Melilla.

Seguridad Nacional no se fía de los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez con Rabat. O, cuando menos, prefiere mantener la cautela. Su informe, con el sello del Ministerio de Presidencia del Gobierno del propio Pedro Sánchez, señala esas dos plazas españolas como áreas de fuerte peligro de inmigración ilegal y reclama un refuerzo de los sistemas de protección de estas ciudades autónomas.

El informe señala que “en cuanto a la mejora de capacidades, uno de los retos más importantes es continuar manteniendo, renovando y desarrollando los medios materiales y tecnológicos existentes para la vigilancia marítima y de fronteras, especialmente en aquellas zonas con mayor presión migratoria, como pueden ser Ceuta, Melilla, el Estrecho de Gibraltar, la zona del levante y las Islas Canarias”. Y señala, además, que “entre los proyectos previstos se encuentran: la modernización y ampliación del Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho (SIVE), gestionado por la Guardia Civil; la actualización del Sistema de Identificación Automatizado de Matrículas o la implementación del Sistema Entry-Exit preceptivo en las fronteras exteriores de la UE”.

Algo que no encaja demasiado con los supuestos compromisos asumidos por Marruecos, según Sánchez, en la garantía de la integridad territorial y el control de la inmigración ilegal.

Implementar nuevas líneas de acción

De hecho, un apartado denominado “próximos pasos” incluye la siguiente petición: “Implementar las dos líneas de acción principales de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, en el ámbito del fenómeno migratorio”, que son “el establecimiento de un sistema integral y colaborativo de información a nivel de la Administración General del Estado, que permita conocer en tiempo oportuno la situación de los flujos de inmigración, los recursos comprometidos en su gestión, así como las necesidades identificadas” y, en segundo lugar, “el fortalecimiento de la relación y los acuerdos con los países de origen y tránsito, para lograr una migración ordenada e impedir el tráfico de seres humanos”.

De hecho, Seguridad Nacional reclama igualmente ayuda exterior y pide “potenciar a nivel europeo —en el marco del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo— la dimensión exterior migratoria, a partir del compromiso y voluntad política de los Estados miembros de apoyar a los países de origen y tránsito. Este apoyo debe desarrollarse tanto en el ámbito económico, con el refuerzo de las capacidades de sus fuerzas de seguridad; como en el ámbito técnico, a través de proyectos, asistencias y formación”.

Por último, el departamento dependiente de la propia Presidencia del Gobierno, exige “trabajar en la regulación normativa del sistema de acogida de los solicitantes de protección internacional, a fin de responder eficazmente a las necesidades de los solicitantes de protección internacional, de adaptarse a la realidad de los tiempos de tramitación de las solicitudes, de los perfiles recibidos y de las herramientas actualmente empleadas para establecer dichas condiciones”. Porque, con ello, se pretende otorgar mayor seguridad jurídica y favorecer “la transición a un modelo más institucional, que incrementa la cooperación entre administraciones públicas y la propia estabilidad del sistema de acogida”.

La versión de Seguridad Nacional llama la atención. Y es que no parece encajar con la decisión de Pedro Sánchez de, pese a la delicada situación en que se encuentran Ceuta y Melilla por la masiva llegada de la inmigración y la reivindicación de soberanía por parte de Marruecos, no aprobar de urgencia el «plan integral» para estas ciudades autónomas que anunció hace ya un año y que Seguridad Nacional destaca como «necesario».

La versión de Seguridad Nacional no parece encajar con la decisión de Pedro Sánchez de no aprobar un «plan integral»

Este plan, según fuentes gubernamentales, tiene como objetivo «abordar todos los aspectos que contribuyen a la seguridad de las dos ciudades autónomas», como son los asuntos «económicos, seguridad de fronteras, control en pasos fronterizos o seguridad de comunicaciones», entre otros. Fue anunciado en mayo del pasado año por el entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, en plena crisis migratoria por la llegada a Ceutade 10.000 inmigrantes irregulares en 48 horas procedentes de Marruecos. Redondo calificó esos hechos como «una prueba más» de la diversidad de retos que afronta la Seguridad Nacional y consideró que la crisis con Marruecos, «lejos» de circunscribirse a una crisis migratoria, era «una herramienta más de las utilizadas en el marco de las estrategias híbridas».

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional -aprobada el pasado diciembre- también recoge por primera vez la orden al Gobierno de desarrollar un «plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla». El documento no concreta más detalle, aunque sí advierte que estas ciudades autónomas «por su localización geográfica en el continente africano y por la especificidad de su frontera española y europea, requieren de una especial atención por parte de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos».

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