Los grupos parlamentarios tienen margen para presentar hasta 15 propuestas de resolución en el importante debate sobre el estado de la nación que se celebra entre el martes y el jueves. Y en uno de esos textos, el PP defenderá un aumento de los salarios para los militares y los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, dos reivindicaciones que los populares han hecho suyas. En este sentido, cabe decir que las resoluciones no son vinculantes y, por tanto, no comprometerán automáticamente al Gobierno, pero si que permitirán comprobar cuál es su posición.

En concreto, sobresalen cinco puntos de la propuesta de resolución:

1. - Se insta al Gobierno a promover una “mejora de las condiciones laborales” de todo el personal profesional de las Fuerzas Armadas. En este punto, los militares llevan años reclamando mejoras en sus salarios ante la gran diferencia que existe con otros Cuerpos de Seguridad, como por ejemplo la Guardia Civil. Y es que un guardia civil con el empleo más bajo cobra, a día de hoy, no solo el doble que un soldado, sino más también que un sargento del Ejército.

Los uniformados siguen considerando “insuficientes” las subidas llevadas a cabo por Defensa en 2021 (entre 40 y 133 euros, según el empleo). De momento, las asociaciones se sienten defraudadas ya que consideran un “fracaso” el reciente informe que les han presentado sobre sus retribuciones y en el que solo se habla de “recomendaciones” para su “estudio”, sin medidas concretas. La ministra, Margarita Robles, ya dijo en una entrevista que “iremos viendo cómo evolucionan los acontecimientos”.

También exigen, entre otros, que se tenga en cuenta su disponibilidad permanente, algo que ha quedado de manifiesto tras la pandemia, el volcán de la Palma o la borrasca “Filomena”, en las que han sido reclamados para todo tipo de tareas. O mejoras en sus condiciones laborales, tanto en lo que afecta a la conciliación como a a la movilidad geográfica. Y, sobre todo, una Ley de Carrera única y que se ponga fin a la salida de los militares de Tropa y Marinería a los 45 años.

2. - Se reclama mejorar las condiciones retributivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “dando cumplimiento total al acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018″ y aprobar una ley de retribuciones que acabe con las desigualdades salariales entre policías. En este punto, entre 2018 y 2020, el Gobierno ha destinado más de 800 millones de euros a achicar las diferencias entre Policía Nacional y Guardia Civil y las dos policías autonómicas (Ertzaintza y Mossos d’Esquadra), aunque hay asociaciones (como Jusapol) que sigue sin darse por satisfechas porque no ha habido aún equiparación: calculan que puede llegar a haber diferencias de 500 euros a nivel mensual en los salarios y de 900 euros en la jubilación.

3. - Se pide “mostrar el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas”, que se ven obligadas a trabajar en “condiciones precarias”, y habilitar “más recursos materiales y personales” para “la protección de las fronteras terrestres y el control marítimo” en los trabajos contra la inmigración irregular, reforzando de “manera urgente y permanente los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla” con más efectivos personales y medios materiales y revisando y poniendo en funcionamiento los SIVES existentes y los pendientes de instalación en todo el territorio nacional.

4. - Se exige aumentar la colaboración internacional “para mejorar la previsión y las alertas tempranas sobre llegadas masivas de inmigrantes”. En este sentido, hay quien opina que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido implícitamente en sesión parlamentaria que estos mecanismos fallaron en Melilla hace unas semanas. El ministro admitió hace unos días que 2.500 personas no se reúnen de “improviso”, sino que había una planificación previa y ahí es donde los sistemas de alertas tempranas juegan un papel determinante para evitar la avalancha de migrantes subsaharianos sobre la frontera entre Marruecos y España que acabó en tragedia, con más de 30 fallecidos.

5. - Se insta a aumentar la cooperación con los países de origen para la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, un punto en el que también el PSOE está haciendo énfasis para afrontar el problema migratorio y sacudirse la responsabilidad en la última crisis de Melilla.

Medidas “antiokupas”

El PP también presentará otra propuesta de resolución relacionada con medidas contra la ocupación ilegal de viviendas y la protección de familias en situación de vulnerabilidad, una de las banderas que han empuñado los populares desde hace mucho tiempo. En este sentido, el partido Alberto Núñez Feijóo aduce la necesidad de defender el “derecho a la propiedad privada” como “pilar esencial para el desarrollo económico de cualquier sociedad” a la hora de presentar esta batería de medidas, que se concretan en tres puntos.

El primero insta al Gobierno a aprobar, en el plazo máximo de 3 meses, un proyecto de ley orgánica integral contra la ocupación ilegal. El objetivo de esta norma es “la protección de la propiedad, de la convivencia vecinal y de la seguridad de las personas y las cosas ante la ocupación ilegal de inmuebles”. Si bien, se antoja difícil que la apoye ya que el propio ejecutivo está tramitando una ley propia de vivienda que podría obtener luz verde en el Congreso de los Diputados en otoño.

El segundo punto hace referencia al contenido que debe integrar este proyecto de ley: definir la ocupación ilegal de inmuebles; regular un plazo máximo de 24 horas para el desalojo, y el desalojo inmediato en caso de delito flagrante; la imposibilidad de inscripción en el padrón municipal cuando la persona que intenta inscribirse es un “okupa” ilegal; modificar la legislación penal para reforzar el delito de usurpación; extender la legitimación activa procesal a las comunidades de propietarios y agilizar plazos procesales; y mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias.

Finalmente, el tercer punto alude a dar soluciones habitacionales a los colectivos vulnerables. En concreto, se pide “promover la provisión de vivienda social” para poder atender a las familias en situación de emergencia social, “exigiéndose para estar en dicha situación haber solicitado previamente a los servicios sociales una solución habitacional”.

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