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La Fiscalía pide seis años de cárcel para Laura Borràs por adjudicaciones a dedo

Su amigo Isaías Herrero, también acusado, terminó por llevarse 18 contratos por servicios informáticos cuyo importe total ascendió a 277.438,17 euros (335.700,29 euros con IVA)

Nacional 14/07/2022 GDH Digital GDH Digital
lauraborrás

La Fiscalía Superior de Cataluña pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para la presidenta del Parlament y de JxCAT, Laura Borràs, por la presunta adjudicación a dedo de 18 contratos menores a un amigo entre marzo de 2013 y febrero de 2017, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El escrito de acusación, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), sostiene que Borràs incurrió en delitos de prevaricación y falsedad en documento mercantil.

 A lo largo de 14 páginas, la Fiscalía repasa la supuesta adjudicación irregular de 18 contratos por servicios informáticos cuyo importe total ascendió a 277.438,17 euros (335.700,29 con IVA). El escrito no incluye las conversaciones intervenidas a los acusados, pero, como ha informado El Confidencial en el último año, estas desvelan el modo en que se produjeron los hechos: "Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto. De puta madre", llegaba a decir su amigo y beneficiario de los contratos en una conversación. "Yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí", añadía en otra.

El amigo en cuestión es Isaías Herrero Florensa, con quien la política "había mantenido relaciones profesionales previas tanto en la Universidad de Barcelona (Isaías Herrero ejercía de profesor en el máster y posgrado dirigidos por Laura Borràs) como en el grupo de investigación en estudios literarios y tecnología digital Hermeneia (grupo dirigido por Laura Borràs y del que era miembro Isaías Herrero)". La Fiscalía pide para él otros seis años de cárcel y 21 de inhabilitación. En noviembre de 2019, Herrero ya fue condenado en otro procedimiento a cinco años de prisión por los delitos de falsificación de moneda y contra la salud pública.

 Según sostiene el escrito de acusación, Borràs y él actuaron "de mutuo acuerdo y con unidad de propósito" para que los trabajos informáticos de la ILC fueran fraccionados "indebidamente en diferentes contratos menores". En concreto, "la creación del portal web de la institución y su desarrollo y mantenimiento posterior", un trabajo que, según la Fiscalía, terminó por traducirse en 18 contratos distintos adjudicados a dedo al propio Herrero o a otras personas interpuestas por el mismo.

La Fiscalía incide para ello en que estas adjudicaciones se produjeron "directa o indirectamente a través de otras personas físicas o jurídicas interpuestas, con el propósito de vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública". Borràs y Herrero, por tanto, eran "perfectamente conscientes de que con su manera de actuar infringían abiertamente el cumplimiento de la normativa (...) e impedían de esta forma que la gestión del servicio pudiera ser adjudicada a otra persona".

 El escrito de acusación se dirige a su vez contra Andreu Pujol Martín, un informático que supuestamente seguía las instrucciones de Herrero y ayudó a "infringir la normativa" mediante la elaboración de "facturas a su nombre como trabajador autónomo". En su caso, el Ministerio Público pide tres años de prisión y 10 de inhabilitación.

"Con el fin de ofrecer una apariencia fingida de respeto por los principios de publicidad y pública concurrencia y de ocultar su actuación ilícita, Laura Borràs Castanyer e Isaías Herrero Florensa pactaron que en cada uno de dichos expedientes aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores, dos de los cuales no eran ofertas reales sino presupuestos 'comparsa' elaborados falazmente por los acusados", explica la Fiscalía. A través de este 'modus operandi', el Ministerio Público incide en que encubrieron que "el adjudicatario real de todos ellos era Isaías Herrero" y "el fraccionamiento ilegal de dichos contratos" de la ILC.

 El objetivo de esta institución es "la promoción de la creación literaria en lengua catalana y darla a conocer y difundirla dentro y fuera de Cataluña". Pero, a falta de que los acusados se sienten en el banquillo, la Fiscalía apunta a que, entre 2013 y 2017, con Borràs como presidenta, se convirtió en un negocio redondo para su amigo.

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