Justo un año después de la última gran manifestación, policías y guardias civiles volverán a salir a la calle el próximo sábado 26 de noviembre. En esta ocasión, no protestarán por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que los partidos políticos aún debaten en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Alrededor de 10.000 agentes recorrerán las calles del centro de Madrid para exigir al Ministerio del Interior una pensión justa, según la previsión que han hecho las organizaciones convocantes, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Los funcionarios reclamarán al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska la equiparación de sus jubilaciones con las de Mossos d’Esquadra, Ertaintza o Policía Foral, quienes perciben hasta 600 euros más de pensión que policías y guardias civiles. Bajo el lema «un mismo trabajo, un mismo salario, las mismas jubilaciones», miles de agentes participarán en una gran manifestación por el centro de Madrid, que comenzará a las 11 horas en la Puerta del Sol y finalizará frente a la Cámara baja. El sindicato policial EYA, una escisión del mayoritario, y la Unión de Guardias Civiles (UniónGC) también se sumarán a la protesta. 

«Los policías y guardias civiles son trabajadores esenciales a quienes, sin embargo, el Gobierno niega derechos fundamentales. Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los únicos policías en España que no disponen de los índices correctores en su jubilación», explican a este periódico desde el SUP. Lo que, en la práctica, se traduce en un menoscabo económico del 30%, además de tener que trabajar hasta los 65 años. 

«Discriminados»

Mientras todas las policías autonómicas y locales tienen reconocidos coeficientes reductores de la edad de jubilación porque sus funciones han sido consideradas de naturaleza «penosa, tóxica, peligrosa o insalubre», los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil no gozan de esta consideración en el desempeño de su trabajo. Y, de este modo, no tienen la opción de «prejubilarse» percibiendo el 100% de la pensión, como es el caso de los policías en Cataluña, País Vasco o Navarra. 

La «discriminación» frente a los cuerpos autonómicos, sin embargo, se vio agravada a finales del pasado año, cuando ERC y EH Bildu cerraron un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los Presupuestos a cambio de que Mossos y Policía Foral pudiesen prejubilarse a los 60 años sin perder ningún margen de su cotización. Así, desde principios de 2022, los agentes catalanes y navarros pueden ir a la reserva percibiendo el total de su pensión, es decir, sin perder margen de su cotización. 

«Estaremos en pie de guerra hasta que el Gobierno de Sánchez atienda esta petición de policías y guardias civiles», señalan desde el SUP y AUGC. Estas dos organizaciones policiales piden al Gobierno que incluya sus pretensiones en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, al igual que el Ministerio de Función Pública lo hizo con los agentes locales en 2019.

600 euros menos de pensión

El Instituto Armado y la Policía Nacional también tienen figuras semejantes a la prejubilación, como la Segunda Actividad o la Reserva. No obstante, los agentes no tienen la posibilidad de cobrar la pensión máxima, es decir, el 100% de su cotización en la Seguridad Social. En su caso, si cumplen los requisitos y deciden retirarse antes de los 65 años, los policías y guardias civiles pierden ciertos complementos de su sueldo.

Una pérdida salarial que supone una diferencia de 600 euros entre la pensión de prejubilación de un mosso o un ertzaina y la de un agente de la Policía Nacional. Según se deduce de las tablas salariales de ambos cuerpos, cuando un policía catalán se retira anticipadamente cobra un total de 2.659,41 euros. Si lo hace un policía o un guardia civil, su pensión base es de 1.577,81 euros, a lo que se añaden los trienios acumulados de los agentes, que pueden oscilar entre 200 y 300 euros.

En cualquier caso, el traslado de un agente a la Segunda Actividad le supone dejar de cobrar unos 700 euros al mes. Una situación que no se revierte cuando el guardia civil o el policía cumplen los 65 años. Cuando alcanzan la edad suficiente para jubilarse, la pensión de un policía de escala básica asciende hasta los 1.821,29 euros, mientras que la del mosso d’esquadra se mantiene igual. En el caso de los agentes catalanes, según lo pactado con el Gobierno, podrán jubilarse a los 60 años y cobrar el total de su pensión, siempre y cuando acrediten 35 años de actividad efectiva y cotización.

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